"El colegio hizo exactamente lo que no tenía que hacer": durísima acusación de la querella al Pía Didoménico

El resonante caso de acoso escolar, vulneración de intimidad y ciberbullying que conmocionó a la comunidad educativa de Catamarca sumó fuertes declaraciones por parte de la representación legal de la familia de Lucrecia, la estudiante de 18 años afectada. En una entrevista brindada en las últimas horas, el abogado patrocinante cuestionó sin filtros el rol de las autoridades del establecimiento educativo, al asegurar que la institución optó por revictimizar a la joven en lugar de aplicar los protocolos correspondientes frente a la comisión de hechos de extrema gravedad.

"El colegio hizo exactamente lo que un colegio no debería hacer", sentenció el letrado al inicio de su alocución, asumiendo la total responsabilidad sobre sus dichos. Para el abogado, la institución priorizó eludir el conflicto institucional antes que abordar una situación delictiva cometida dentro de su propia órbita.

"Cortar por la soga más corta": la crítica al manejo directivo

El eje central del reclamo de la querella radica en la respuesta administrativa que la escuela brindó al tomar conocimiento de los hechos. Lejos de activar mecanismos disuasivos o sancionar al grupo de alumnos que se apropió indebidamente del teléfono celular de la menor —accediendo a claves de seguridad y obteniendo material de representación íntima—, la institución optó por apartar a la damnificada.

"Lejos de generar un mecanismo disuasivo para que el resto no cometa esa misma acción (...), se aprovechan sabiendo la clave de seguridad. (...) Lucrecia los informa a las autoridades y las sancionan mandándola a la casa. Es más fácil cortar por la soga más corta, aunque sea la víctima, que poner en orden a un grupo de jóvenes que lo único que quiere provocar es un daño", cuestionó el abogado.

El frente judicial: investigación penal y rastreo de material digital

Más allá de las responsabilidades administrativas del colegio, la estrategia de la querella se centra firmemente en el fuero penal. El letrado advirtió que la difusión de los archivos digitales obtenidos del dispositivo móvil de la menor encuadra en figuras delictivas graves previstas en la legislación argentina.

"Todo aquel que a sabiendas haya tenido el video y lo haya distribuido será pasible de una sanción, pues así lo prevé el artículo 128 [del Código Penal], en el que se proponen una serie de delitos como producir, difundir, comercializar, reproducir o multiplicar (...) material de representación sexual de menores, que prevé penas de hasta 6 años", explicó.

En este sentido, la querella adelantó que se llevarán a cabo medidas probatorias de alta complejidad técnica para reconstruir la trazabilidad de los archivos digitales:

"Hoy el mundo digital deja todo irrevocablemente escrito. Vamos a acudir a las bases de datos de Meta para averiguar qué teléfonos y en qué circunstancias tuvieron el archivo". Asimismo, el letrado lamentó la falta de colaboración voluntaria de testigos y allegados que poseían información clave sobre el circuito de distribución del material, advirtiendo que se solicitará la citación formal de los mismos en el marco del expediente judicial.