La Justicia de Catamarca condenó al exintendente Elpidio Guaraz por abuso de autoridad

El extenso y complejo proceso judicial contra el exintendente del municipio de Santa Rosa (Bañado de Ovanta), Elpidio Guaraz, llegó a su desenlace en los tribunales provinciales. La Cámara Penal declaró al exjefe comunal culpable del delito de abuso de autoridad, imponiéndole una condena de un año y tres meses de prisión de ejecución en suspenso, acompañada por la inhabilitación especial para el desempeño de funciones ejecutivas y electivas en la administración pública.

El veredicto puso fin al debate oral y público en el que se ventilaron diversas acusaciones formuladas contra el exmandatario comunal, quien gobernó el distrito del este catamarqueño durante múltiples períodos consecutivos.

El alcance de la condena y la resolución sobre las imputaciones

De acuerdo con la resolución leída por el tribunal, la sanción penal se centró en la acreditación del exceso y arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones como jefe del Ejecutivo municipal, configurándose la figura penal de abuso de autoridad tipificada en el Código Penal argentino.

En lo relativo a las denuncias de índole personal y de agresión contra la integridad sexual que pesaban en el expediente y que motivaron gran parte de la atención pública durante la instrucción de la causa, el tribunal resolvió la absolución del imputado por aplicación del principio de la duda (in dubio pro reo), al considerar que el material probatorio producido durante las audiencias no alcanzó el grado de certeza requerido para dictar una condena sobre dicho extremo.

Inhabilitación y repercusiones en el escenario político

La imposición de la pena de prisión condicional implica que el condenado no cumplirá la sanción privado de la libertad en un establecimiento penitenciario, sujeto al cumplimiento estricto de pautas de conducta fijadas por la Justicia durante el plazo de la condena.

Sin embargo, el impacto institucional más directo de la sentencia radica en la inhabilitación impuesta para ejercer cargos en la función pública, lo que bloquea de manera inmediata cualquier aspiración de retorno a la gestión municipal o de postulación a cargos electivos en el ámbito provincial o municipal por el periodo estipulado.

Las partes intervinientes —tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella y la defensa técnica del exintendente— aguardan la lectura de los fundamentos completos del fallo para evaluar la presentación de eventuales recursos de casación ante la Corte de Justicia de Catamarca.