Escándalo en el Pía Didoménico: imputan a tres alumnos por difundir material íntimo de una compañera

Un gravísimo caso de violencia digital, ciberacoso y vulneración de la intimidad conmociona a la comunidad educativa de Catamarca. La Fiscalía Penal Juvenil, bajo la titularidad de Guillermo Narváez, imputó formalmente a tres adolescentes por la presunta producción y distribución no consentida de material intimate explícito pertenecientes a una compañera de curso y su pareja, amparados bajo la figura penal de representación de menores en actividades sexuales explícitas.

A los tres jóvenes se les atribuye la calidad de coautores en dos hechos tipificados en concurso real. La denuncia, impulsada por la madre de la víctima —quien es abogada y se constituyó como parte querellante—, activó de inmediato la intervención de la Asesora de Menores, Carolina Acuña Barrionuevo, dada la delicada naturaleza del expediente.

La sustracción del video durante la presentación de buzos

Los hechos bajo investigación se remontan a abril del corriente año, en el marco de las reuniones y actividades que el alumnado organizaba para la tradicional presentación de buzos del nivel secundario. Según consta en las actuaciones judiciales, en un momento de descuido la alumna dejó su teléfono celular al alcance de sus compañeros.

Aprovechando el acceso no autorizado al dispositivo mediante la clave de seguridad, los tres acusados ingresaron a la galería multimedia, donde hallaron un video privado de índole sexual protagonizado por la jovencita y su novio. Los sospechosos habrían copiado o duplicado los archivos digitales en sus propios equipos. En menos de una semana, la filmación fue masivamente viralizada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, desencadenando una grave situación de exposición social y perjuicio psicológico para la damnificada.

Ciberacoso y burla en redes: la investigación paralela contra una joven de 18 años

El expediente judicial no concluye en la Fiscalía Juvenil. De manera paralela, la Fiscalía de Instrucción N° 7, a cargo de Paola González Pinto y especializada en ciberdelitos, investiga la conducta de otra alumna que cumplió los 18 años. La joven podría ser imputada en las próximas horas por hostigamiento sistemático y bullying.

La gravedad del cuadro quedó registrada en una prueba clave sumada a la causa: un video publicado por la propia investigada en sus plataformas digitales donde se jacta expresamente del sufrimiento de su compañera.

"La mina empezó a llorar, como si le hubieran matado a la madre al frente. Nosotras no parábamos, los chicos tuvieron que decirnos 'se están yendo al choto, paren'. Sí, la verdad, nos fuimos un poco al choto bardeándola con el video, pero que se cague", expresa de forma despectiva la alumna en el registro adjuntado en la causa.

Y agrega con frialdad: "Nos dijeron que le estaba dando un brote psicótico y yo estaba tentada porque era un mal que le estaba pasando a ella y yo lo estaba disfrutando. Cada vez que tenemos la oportunidad de bardearla, la bardeamos".

Ante la crueldad de estas manifestaciones, la fiscal González Pinto ordenó una batería de medidas probatorias e inspecciones digitales para formalizar la acusación contra la joven mayor de edad.

La estrategia de la defensa y la respuesta de la Justicia

En la contraparte, las familias de los jóvenes imputados comenzaron a articular su defensa técnica. El abogado Marcos Gandini, representante legal de uno de los adolescentes acusados, tildó el procesamiento como una medida "aventurada" por parte del Ministerio Público Fiscal.

"No se ha podido acreditar fehacientemente que los chicos hayan viralizado, difundido o distribuido ese video", sostuvo Gandini. El letrado remarcó que durante la instrucción se recepcionaron múltiples testimonios y se peritaron teléfonos celulares secuestrados "sin que surgieran elementos contundentes que prueben la recepción o el reenvío del material por parte de mi asistido".

Asimismo, Gandini cuestionó que el fiscal Narváez no delimitó la conducta individual de cada uno de los tres imputados. Debido a esto, la defensa interpuso un planteo de nulidad de la imputación; sin embargo, este recurso fue categóricamente rechazado tanto por la Fiscalía Penal Juvenil como por el Juez de Control de Garantías, ratificando el curso de la causa.

Emplazamiento del Ministerio de Educación y descargo del Colegio

A raíz del creciente estrépito social y mediático que cobró la causa tras meses de ocurrido el hecho inicial, las autoridades del Colegio Privado Pía Didoménico emitieron un comunicado oficial dirigido a la comunidad educativa. En el escrito afirman que, desde que tomaron conocimiento de lo acontecido, actuaron "con responsabilidad, celeridad y resguardo hacia los involucrados, trabajando de manera articulada con las autoridades ministeriales".

Sin embargo, el Ministerio de Educación de Catamarca adoptó una postura contundente para deslindar responsabilidades e inspeccionar el accionar institucional. Autoridades de la Dirección de Educación Privada, el área de Mediación Escolar y Coordinación Institucional se apersonaron en la sede del establecimiento educativo para entrevistarse con la representante legal y la directora del Nivel Secundario.

Desde la cartera educativa intimaron formalmente a los directivos del colegio a presentar un informe pormenorizado de los hechos y el detalle documentado de las medidas adoptadas en un plazo improrrogable de 24 horas. Del mismo modo, el Ministerio exigió la elaboración e implementación inmediata de un plan individual de protección y continuidad pedagógica garantizada para asegurar los derechos de los estudiantes involucrados.