Sortean a la magistrada que definirá el amparo de la alumna expulsada del Colegio Pía Didoménico: ¿quién decidirá su futuro escolar?

La resolución administrativa emitida por las autoridades del Colegio Pía Didoménico, que dispuso la reubicación compulsiva —equivalente a la expulsión— de una estudiante a pocas semanas de culminar el ciclo lectivo, ingresó formalmente al terreno judicial. En las últimas horas, la causa recayó mediante sorteo en la titular del Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación, Dra. Cecilia Mas Saadi. Sin embargo, en el ámbito judicial resta determinar si la magistrada resulta formalmente competente para resolver una acción de amparo de esta naturaleza.

La medida del establecimiento privado se adoptó tras la viralización de un video tipo "story time" en redes sociales, en el cual la joven relató con detalles agresiones y actos de humillación ejercidos contra una compañera durante el viaje de egresados en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Tres frentes: administrativo, penal de menores y ciberdelitos

El episodio expuso una compleja entramada legal que se divide en tres andariveles diferenciados:

1. La vía administrativa y escolar: El colegio resolvió apartar a la alumna y gestionar su reubicación. Sin embargo, la estudiante recusó la medida por considerarla arbitraria.

2. El Fuero Penal Juvenil: Mantiene imputados a tres estudiantes por la difusión de material íntimo de la víctima, en el marco de un acoso sistemático extendido durante varios meses.

3. La Fiscalía de Ciberdelitos: Tras la publicación del video de la polémica, se radicó una nueva denuncia en la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, especializada en delitos informáticos.

Los argumentos del recurso de amparo

La presentación judicial, patrocinada por el abogado del foro local Marcos Denett, solicita la declaración de ilegitimidad del acto administrativo del colegio y la inmediata suspensión cautelar de sus efectos.

Entre los principales fundamentos expresados en la presentación se destacan:

• Mayoría de edad y derecho a ser oída: La amparista argumenta que, al poseer 18 años, la institución debió citarla de forma directa para formular su descargo. Sostiene que la notificación formal se realizó a sus padres —quienes firmaron en disconformidad—, lo cual no suple su derecho constitucional a la defensa, ya que legalmente no son sus representantes.

• Inobservancia del debido proceso escolar: La defensa alega que la institución no aplicó el procedimiento previsto en el Consejo de Convivencia (Ley Provincial N° 5402), omitiendo graduaciones previas en la sanción e imponiendo de manera directa la medida más severa.

• Presunción de inocencia: El escrito resalta que la joven no se encuentra imputada ni formalmente citada en la investigación penal iniciada en la Fiscalía de Ciberdelitos, por lo que una sanción punitiva escolar prejuzgaría su situación legal.

• Trato desigual respecto a otros implicados: La presentación señala una presunta disparidad de criterio, argumentando que a otros alumnos investigados por la justicia penal penal juvenil en el mismo contexto se les garantizó la continuidad pedagógica mediante la modalidad virtual.

La medida cautelar requerida

Frente a la inminencia del cierre del ciclo lectivo, la estudiante solicitó una medida cautelar de tutela urgente: que en un plazo máximo de 48 horas se le ordene al colegio habilitar el cursado y la evaluación mediante modalidad a distancia/virtual, permitiéndole rendir los exámenes finales y obtener su título secundario.

A fin de no entorpecer el clima institucional ni revictimizar a la damnificada, la amparista ofreció asumir el compromiso formal de no concurrir a las instalaciones del establecimiento, abstenerse de cualquier tipo de contacto presencial o digital con la compañera afectada y no realizar publicaciones sobre el conflicto en plataformas sociales. Asimismo, solicitó la reserva de su identidad en las actuaciones y la correspondiente notificación formal al Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia.