Dos agentes denunciaron violencia laboral, de género y abuso de autoridad

Dos trabajadoras que cumplen funciones en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) formalizaron graves denuncias penales ante la Fiscalía General de Catamarca contra la Dirección del Gabinete Técnico Criminológico de la institución. Las presentaciones, realizadas a mediados de septiembre, apuntan a un presunto esquema de violencia laboral e institucional, abuso de autoridad, discriminación y violencia de género ejercido en el ámbito carcelario.

De acuerdo con la documentación presentada por las agentes, las situaciones de hostigamiento se habrían sostenido sistemáticamente en el tiempo. Las denunciantes detallaron un cuadro que incluye comentarios hostiles, imposición de tareas ajenas a sus funciones específicas, y modificaciones arbitrarias en sus áreas de destino y regímenes horarios carentes de justificación formal.

Desplazamiento profesional y perjuicio económico

El núcleo de la presentación judicial sostiene que, tras capacitarse y obtener títulos profesionales, las agentes sufrieron un desplazamiento sistemático de los espacios que ocupaban. Asimismo, señalaron que habrían sido objeto de evaluaciones de desempeño desfavorables sin fundamentos claros ni motivación administrativa válida.

Uno de los planteos expuestos en la causa advierte que estas decisiones arbitrarias impactaron directamente en su capacidad para compatibilizar la labor penitenciaria con otras actividades laborales, generando un perjuicio económico directo y afectando sus tiempos de descanso legal.

Si bien el caso afecta de manera directa a ambas denunciantes, las profesionales indicaron que este tipo de tratos no sería un hecho aislado, sino que alcanzaría con mayor intensidad al personal femenino de la fuerza, aunque advirtieron que también habría varones afectados por dinámicas similares de hostigamiento.

Miedo a represalias y escasa respuesta institucional

Más allá de la vía penal iniciada, una de las denunciantes expresó su decisión de hacer público el caso para visibilizar lo que califica como un trato sistemáticamente indebido hacia las mujeres dentro de las fuerzas provinciales. Según trascendió, las víctimas demoraron en formalizar la denuncia judicial debido al temor fundado a sufrir represalias laborales, una situación que —según advirtieron— disuadiría a otros compañeros y compañeras de atravesar por instancias similares.

En el plano administrativo, al menos una de las denunciantes fue convocada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía provincial. No obstante, fuentes consultadas señalaron que dicha declaración debió interrumpirse debido al estado emocional de la trabajadora. Hasta el momento, las causas no registran nuevas citaciones ni avances sustanciales, por lo que se aguarda que el Ministerio Público Fiscal imprima mayor dinamismo a la investigación para esclarecer las responsabilidades de las autoridades señaladas.

Marco legal y normativo

El caso quedó bajo el análisis de la Justicia provincial a la luz de los parámetros establecidos por la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, cuyo objetivo central es prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los distintos ámbitos de desarrollo interpersonal y laboral.

En su artículo 6, la normativa tipifica específicamente la violencia laboral como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos públicos o privados, obstaculizando su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia laboral mediante exigencias infundadas, hostigamiento psicológico sistemático o la afectación de sus condiciones salariales y profesionales.