Investigan amenazas de muerte y difusión de datos personales tras el caso de bullying

Lo que comenzó como la dolorosa denuncia pública sobre un caso de acoso escolar en las redes sociales derivó en una peligrosa espiral de hostigamiento digital, amenazas de muerte y filtración de datos privados que ya activó los resortes del sistema judicial provincial.

La fiscal de Instrucción N° 7, Paola González Pinto, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, encabeza las pesquisas en torno a los hechos de hostigamiento y violencia virtual que se desataron tras la difusión de un video grabado por una adolescente.

La causa principal se originó formalmente a partir de una presentación formal de la Asesoría de Menores. Ante la gravedad del escenario expuesto, la fiscalía dictó inmediatas medidas de resguardo institucional y ordenó el secuestro y preservación de evidencia digital clave para rastrear el origen de las agresiones.

El trasfondo judicial y la protección de menores

De manera paralela a la investigación principal, existen actuaciones en trámite bajo el fuero penal juvenil. Estas diligencias se desarrollan bajo estricta reserva, conforme lo exige la legislación vigente para salvaguardar la intimidad y la integridad de las personas menores de edad involucradas. Fuentes judiciales confirmaron que la adolescente afectada directamente por el bullying inicial cuenta con medidas activas de protección y acompañamiento psicológico y social.

Sin embargo, el impacto del caso traspasó los límites institucionales cuando el conflicto migró de las aulas virtuales a una peligrosa lógica de venganza en internet.

Amenazas de muerte, violación y doxxing

Entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre, el panorama escaló de forma alarmante. La fiscalía recibió una serie de denuncias formales presentadas por familiares y allegados de la joven inicialmente señalada en el video viral.

De acuerdo con la información oficial, los denunciantes manifestaron haber sido blanco de una campaña sistemática de hostigamiento que incluyó:

• Llamadas intimidatorias y mensajes de texto con amenazas explícitas de muerte y de violencia sexual.

• Envío masivo de imágenes de extrema violencia.

• Prácticas de doxxing: la difusión pública y maliciosa de domicilios particulares y números de teléfonos personales en distintas plataformas digitales.

Ante este cuadro de extrema vulnerabilidad, la fiscal González Pinto dispuso estrictas medidas de protección para todas las personas denunciantes, requiriendo la actualización de sus domicilios particulares para implementar rondas policiales preventivas permanentes en las inmediaciones. Asimismo, se ordenó preservar toda la evidencia digital disponible y solicitar informes técnicos a las plataformas y empresas de telecomunicaciones sobre los mensajes intimidatorios.

Advertencia judicial: el uso de perfiles falsos y la viralización

Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que cada uno de los hechos denunciados será investigado exhaustivamente para lograr la identificación de los autores materiales, aun cuando hayan intentado escudarse detrás de perfiles falsos, cuentas anónimas o canales cifrados de mensajería.

Los investigadores recordaron que amenazar a una persona, incitar a la violencia o difundir datos privados con el objetivo de intimidar constituye un delito penado por la ley.

En la misma línea, las autoridades judiciales emitieron un enérgico llamado a la ciudadanía y a los usuarios de redes sociales, solicitando abstenerse terminantemente de compartir el video original, imágenes, nombres, rostros o cualquier dato personal de cualquiera de las partes involucradas.

"Su circulación agrava el daño, expone ilegítimamente a quienes ya figuran como víctimas de este proceso y no contribuye en absoluto al esclarecimiento de los hechos", remarcaron desde el organismo judicial, recordando que la viralización irresponsable multiplica el impacto de la violencia digital en la comunidad.