Paraguay en llamas: la caída del sistema bancario precipita la renuncia del presidente Santiago Peña

El congelamiento de fondos que afectó a casi tres millones de usuarios derivó en violentas protestas en Asunción, la detención de la cúpula directiva de la entidad y la presentación de un juicio político por presuntos conflictos de interés.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo en medio de una vertiginosa crisis política, social y financiera gatillada por la intervención estatal de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país. La medida dejó a cerca de tres millones de clientes —casi la mitad de la población paraguaya— sin acceso a sus ahorros ni operatividad financiera.

La dimisión del mandatario se produjo como desenlace inevitable tras dos jornadas consecutivas de intensas manifestaciones en el centro de Asunción. Las calles adyacentes al Congreso y al Palacio de López se convirtieron en escenario de choques entre ahorristas autoconvocados y las fuerzas de seguridad, con denuncias cruzadas de represión policial e incidentes violentos.

El detonante: el colapso del sistema y la intervención del BCP

El conflicto escaló de manera determinante cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank citando severos problemas de solvencia y la suspensión inmediata de todas sus operaciones digitales y presenciales. La parálisis operativa generó pánico bancario instantáneo y filas kilométricas en sucursales de todo el país.

El impacto institucional de la medida se extendió rápidamente hacia los organismos de control y la propia cúpula de la entidad:

• Renuncia en el BCP: El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, presentó su dimisión en medio de duros cuestionamientos sobre la supervisión del sistema.

• Detenciones judiciales: La Justicia ordenó la detención de ocho altos directivos de Ueno Bank, incluyendo a su titular, Miguel Vázquez.

• Investigación penal: Se abrieron causas por presunta gestión fraudulenta, desvío de fondos e irregularidades en el encaje legal.

Nexos comerciales y embestida parlamentaria

Más allá de la emergencia bancaria, el costo político se concentró sobre la figura presidencial. Bloques de la oposición en la Cámara de Diputados impulsaron de manera coordinada un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Los acusadores apuntaron a un presunto mal desempeño en sus funciones, pero fundamentalmente a graves conflictos de intereses. La investigación política señala la vinculación previa del mandatario con el grupo empresarial vinculado al banco, además de pedir explicaciones sobre la migración de fondos públicos y recursos previsionales del Estado hacia las arcas de la entidad ahora intervenida.

Incertidumbre institucional y sucesión

Peña, quien asumió el Poder Ejecutivo en agosto de 2023 con un mandato previsto hasta 2028, interrumpe así su gestión a poco más de tres años de completar su periodo constitucional.

El desenlace abre un escenario inédito para el sistema político paraguayo, que deberá activar de inmediato los mecanismos constitucionales de sucesión para garantizar la gobernabilidad, al tiempo que las autoridades financieras interinas intentan diseñar un plan de contingencia para liquidar activos y restituir los depósitos a los millones de ahorristas damnificados.