Investigación a cargo de la fiscal González Pinto
Giro e insólito trasfondo en la distribuidora de la calle Rojas: acusó el robo de 48 millones y su exempleado alegó que se cobró una deuda laboral
Lo que comenzó como una denuncia policial por la desaparición de una cifra millonaria en efectivo derivó en una compleja trama judicial en la Capital catamarqueña. La fiscal Paola González Pinto ordenó la detención de un expromotor tras el secuestro parcial del dinero, mientras investiga tanto el reclamo del trabajador como el origen no aclarado de los fondos declarados por el comerciante.
Una investigación judicial iniciada en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca dio un vuelco impredecible y abrió un doble frente de análisis en los fueros Penal y Tributario. Lo que comenzó como la denuncia desesperada de un comerciante por un faltante astronómico de dinero en efectivo derivó en una confesión cruzada que involucra reclamos indemnizatorios no saldados y la exigencia judicial de justificar el origen de la suma declarada.
El hecho tuvo su punto de partida en una distribuidora comercial ubicada sobre la calle Rojas al 400. De acuerdo con el testimonio brindado por el propietario del establecimiento, Eduardo Rojas, al ingresar a la oficina principal notó que el cajón del escritorio donde guardaba la recaudación en efectivo había sido violentado o manipulado, constatando el faltante de 48 millones de pesos.
La búsqueda particular antes de la denuncia formal
En lugar de recurrir de forma inmediata a las fuerzas de seguridad, el comerciante decidió emprender la búsqueda por cuenta propia. Con sospechas firmes orientadas hacia su entorno laboral reciente, Rojas fue a la localización de un expromotor de ventas de apellido Ceballos —quien había dejado de prestar servicios en el comercio tiempo atrás— para exigirle de manera personal la restitución del efectivo.
Tras un áspero intercambio de palabras, recién pasadas las 16:00 del mismo día el damnificado se presentó en la sede de la Unidad Judicial N° 1 para formalizar la denuncia penal correspondiente.
Tomó intervención en el expediente la fiscal de instrucción en turno, Dra. Paola González Pinto, quien ordenó de inmediato una serie de medidas probatorias de urgencia, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector de calle Rojas y la ejecución de allanamientos simultáneos.
Allanamiento, dinero recuperado y la versión de la "deuda laboral"
Durante los procedimientos llevados a cabo por personal policial en el domicilio de la pareja de Ceballos, los efectivos lograron secuestrar la suma de 2 millones de pesos en efectivo, disponiendo la inmediata detención del sospechoso y su traslado a la dependencia policial.
Sin embargo, al momento de prestar declaración y responder ante los agentes judiciales, la causa sumó un matiz inédito. Ceballos reconoció haber ingresado a las dependencias de su exempleador y haber tomado dinero, pero desmintió categóricamente la cifra denunciada por Rojas.
Según la versión del detenido, el monto sustraído no ascendía a los 48 millones declarados por el comerciante, sino únicamente a 3 millones de pesos. Ceballos justificó su accionar asegurando que actuó bajo la desesperación de cobrar una indemnización y liquidación final que el empresario se negaba a abonarle tras haberlo despedido de forma intempestiva meses atrás, dejándolo sin su principal fuente de ingresos.
Doble investigación en la Fiscalía General
Ante este escenario de versiones contrapuestas, la Fiscalía de Instrucción conducida por la Dra. González Pinto resolvió abrir dos líneas de investigación paralelas:
La causa penal contra el detenido: Ceballos será trasladado a la sede de la Fiscalía General para ser imputado formalmente por el delito de hurto o robo (según se determine si existió fuerza en las cosas o violencia en las personas). La Justicia evalúa si su argumento constituye un mero intento de atenuar la pena o si configura un ejercicio arbitrario de las propias razones (autodefensa de derechos).
El origen del dinero denunciado: De forma complementaria, la fiscalía intimó al comerciante Eduardo Rojas a presentar la documentación contable, bancaria y fiscal que respalde la existencia física y la lícita procedencia de los 48 millones de pesos en efectivo que afirmó tener guardados en el cajón de su oficina comercial.
El avance de los peritajes contables y las pericias sobre los teléfonos celulares de los involucrados resultarán determinantes para esclarecer tanto el volumen real del dinero sustraído como la responsabilidad penal y administrativa de ambas partes.
