Administración fraudulenta y negociaciones incompatibles
Procesaron al exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores por presunta corrupción con fondos de OSPRERA
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Sergio Andrés Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, y de los exinterventores estatales Virginia Montero y Marcelo Petroni. La medida incluye un embargo de $1.000 millones sobre los imputados en la causa que investiga el desvío de más de $260 millones de la obra social de los peones rurales.
En una resolución con impacto directo en el escenario político e institucional, el juez federal Sebastián Casanello procesó por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública a Sergio Andrés Aguirre —exsocio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem— y a dos exfuncionarios designados por la administración de Javier Milei en la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA).
La medida judicial abarca a los exinterventores estatales Virginia Montero y Marcelo Petroni, e impuso un embargo sobre los bienes de los procesados por $1.000 millones. La investigación, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, busca determinar la responsabilidad penal en el favorecimiento y direccionamiento sistemático de fondos públicos hacia contratistas privados vinculados al entorno político oficialista durante el período de administración estatal de la entidad de salud rural.
El esquema HTECH: facturas 00000001 y 00000002
El eje de la imputación penal se centra en la actuación de la firma HTECH Innovation S.A., una sociedad constituida por Sergio Andrés Aguirre en abril de 2024, apenas cuatro meses después del inicio del mandato presidencial. La firma fue inscripta formalmente para prestar servicios informáticos, consultoría, procesamiento de datos y desarrollo de software.
A los pocos meses de su creación formal, la empresa obtuvo adjudicaciones de manera directa otorgadas por Virginia Montero, la primera interventora puesta por el Poder Ejecutivo. Tras la salida de Montero, su sucesor en el cargo, Marcelo Petroni, no solo mantuvo el vínculo contractual sino que amplió los montos asignados.
Los peritajes contables incorporados al expediente revelaron un patrón comercial sospechoso: entre noviembre de 2024 y julio de 2025, la empresa cobró más de $260 millones provenientes de las arcas de OSPRERA. Los primeros desembolsos —por montos de $40.251.879,36 y $7.733.119,68— fueron efectuados contra la emisión de las facturas número 00000001 y 00000002 de la historia comercial de HTECH Innovation S.A., confirmando que la obra social intervenida fue el primer y exclusivo cliente de la compañía.
Las conexiones comerciales y los chats que complican al entorno
El vínculo entre el empresario procesado y la conducción de la Cámara de Diputados no es impreciso. Sergio Andrés Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la sociedad TR Nutrition S.R.L., una firma dedicada a la importación y comercialización de suplementos dietarios y nutrición deportiva.
Adicionalmente, en la causa constan cruces de mensajería de WhatsApp extraídos de los dispositivos analizados por la fiscalía de Guillermo Marijuán. En las conversaciones, el exinterventor Marcelo Petroni hacía alusiones explícitas a reuniones en Casa Rosada y a coordinaciones directas con referentes del espacio oficialista. En uno de los mensajes agregados a las actuaciones, Petroni llegó a consignar: "Me tengo que reunir con Martín y Lule a las 9:30" y "Nosotros somos Lule y Karina", en referencia a Eduardo "Lule" Menem y la secretaria general de la Presidencia.
El expediente también documenta que, de manera simultánea a la percepción de los desembolsos de la obra social, Aguirre registró adquisiciones patrimoniales de relevancia, entre las que se destacan un vehículo importado BMW X1 xDrive y una motocicleta de alta cilindrada Ducati Scrambler 800 Icon.
La resolución judicial y los fundamentos de Casanello
En su fallo, el juez Casanello fundamentó la gravedad del procesamiento señalando la existencia de un "actuar interesado por parte de quien cumplía funciones públicas y un obrar infiel que generó pérdidas a unos y ganancias indebidas a otros". Para la magistratura, la maniobra no representó una contratación administrativa ordinaria, sino el uso de la estructura de la intervención de OSPRERA —la segunda obra social más numerosa del país— para canalizar contrataciones millonarias directas hacia una empresa constituida Ad Hoc.
El fallo ordena profundizar la trazabilidad del dinero desviado para determinar si existieron retornos o derivaciones adicionales hacia terceros.
