Cómo el Raid a los mosquitos

Te propongo un juego. Pensá por un segundo que sos el CEO de un grupo financiero internacional y te presentan un proyecto para invertir varios millones de dólares en Toro Vivo, en la Patagonia argentina. Tenés que recomendar si conviene realizar la operación. ¿Qué harías?

Pensemos juntos.

ESCENARIO 1

Javier Milei logra la reelección.

En ese caso, continúa con su plan de ajuste, aumenta la conflictividad social y, en cada marcha con reclamos genuinos, se cuelan infiltrados. Se genera represión y, de tanto ir el cántaro a la fuente, se instala un clima de caos que requiere el uso de la fuerza para volver transitoriamente a la normalidad.

El conflicto se traslada a las zonas de explotación minera y de exploración petrolera. Los reclamos se suceden y la situación tiende a desbordarse.

¿Es un escenario posible? Obviamente. Y, además, se agregan cabinas invisibles de peaje, de esas que no se ven, pero que pueden existir.

ESCENARIO 2

Javier Milei NO logra la reelección.

En este caso, el inversor tendría que contemplar otro tipo de riesgos. ¿Qué ocurriría si un nuevo gobierno decidiera revisar los contratos, modificar la política impositiva, restringir el envío de beneficios al exterior o reinstalar un sistema en el que las importaciones requirieran autorización del Ministerio de Economía?

¿Y si se establecieran condiciones laborales diferentes, con paritarias especiales para los gremios de la zona o nuevos beneficios para los trabajadores por decreto? Cualquiera de estas decisiones podría alterar la ecuación económica inicial de la noche a la mañana.

¿Es un escenario posible? Obviamente, son hipótesis que un inversor podría considerar. Y también en este caso habría que calcular el costo de las cabinas invisibles de peaje.

PENSEMOS JUNTOS

Para acercar posiciones, hablemos del RIGI, algo que, si es tan importante, no se entiende por qué no se explica un poco más.

Arranquemos.

Uno de los temas que el Gobierno levanta como estandarte es el RIGI. Si te pregunto concretamente qué significa y cuántas personas de tu entorno creés que lo saben, ¿qué me contestarías?

De puro viejo atrevido, me apuro a responder: quizás vos lo sepas, pero no muchos más. Eso sucede, a mi entender, porque la política de información del Gobierno no es lo suficientemente clara. Fin.

Cuando se habla del RIGI, se habla del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, un programa creado por la Ley Bases que algunos, si hoy pudieran, voltearían y luego gritarían con voz en cuello, como Pedro Picapiedra: «¡Yabba Dabba Doo!».

Pero, como por ahora está vigente, me ofrezco a refrescarte la memoria. Hay datos que uno, si no los utiliza todos los días, como es mi caso, no retiene con facilidad.

El plazo de estabilidad de los beneficios previstos para las inversiones adheridas es de 30 años.

• Las provincias que han adherido son 16. El resto lo ve pasar, aunque después también se queje.

• Los proyectos aprobados hasta el presente son 25, con inversiones comprometidas por 68.000 millones de dólares al «20/10/2026»

• Los proyectos presentados, todavía NO aprobados, son 18, con inversiones previstas por 123.000 millones de dólares al «20/10/2026»

• Se establece un impuesto a las ganancias del 25%, se contemplan mecanismos para recuperar créditos fiscales y se aplican regímenes específicos de regalías mineras y petroleras.

En este último punto conviene hacer una aclaración: las regalías tienen reglas y bases de cálculo propias, por lo que no alcanza con mencionar porcentajes sin explicar a qué se aplican.

Todo muy bonito, pero para nosotros, ¿qué hay? ¿La nuestra está?

Para nosotros, como país, podrían quedar beneficios importantes:

• Mayor producción de petróleo, gas, minerales y energía.

• Incremento de las exportaciones y mayor disponibilidad de divisas para el conjunto de la economía.

• Empleo directo e indirecto, compras a proveedores y actividad económica local.

• Ingresos públicos mediante Ganancias, regalías, tributos provinciales que correspondan y otros impuestos no eximidos.

Todo esto es posible. Pero, como sucede algunas veces, la vida no es tan color de rosa como nos la cuentan. Si hasta hay que dudar de quiénes son los Reyes Magos y qué comen los camellos, ¿cómo no van a surgir dudas entre los de a pie? En muchos casos, una mezcla de poco eruditos, porque decir ignorantes es un poco fuerte, y otro poco de incrédulos, motivos no nos faltan.

Por eso, sin ruborizarnos, podemos plantearnos algunas preguntas.

El RIGI ya reúne compromisos de inversión por decenas de miles de millones de dólares. Pero la inversión anunciada no es inversión ejecutada, la exportación no es ganancia y el crecimiento de las ventas externas no garantiza, por sí solo, una distribución equilibrada de los beneficios.

La discusión de fondo es otra: ¿qué parte de esa riqueza se convertirá en salarios, proveedores locales, infraestructura, divisas e ingresos públicos? ¿Y qué costo fiscal asumirá el Estado para atraerla?

La respuesta queda pendiente.

Sigamos un poco más. Ejerzamos nuestro derecho a inquirir y preguntémonos:

Si el régimen tiene una vigencia de 30 años y está avalado por una ley, ¿otra ley no podría modificarlo o, directamente, ponerlo en cuarentena?

La seguridad jurídica es como el matrimonio: uno se compromete para toda la vida, aunque la vida no siempre respete lo firmado. Lo digo por experiencia propia: estoy divorciado.

Según dicen quienes saben, la respuesta jurídica es que sí, el Congreso puede sancionar otra ley que modifique o derogue el RIGI. Lo que no está garantizado es que esa nueva ley pueda aplicarse sin más a los proyectos que ya adhirieron al régimen.

¿Por qué?

La ley que creó el RIGI estableció dos protecciones importantes:

• Reconoce a los proyectos adheridos derechos adquiridos sobre los incentivos y garantías del régimen.

• Establece una estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria de 30 años, y dispone que los incentivos protegidos no pueden verse afectados por la derogación de la propia ley ni por normas posteriores más gravosas o restrictivas, en los términos previstos por la normativa.

Pero seamos sinceros y bien argentos: hay una diferencia fundamental entre lo que dice una ley y lo que puede ocurrir después en la práctica.

Vamos a dar otra vuelta de tuerca. Marchemos hacia las efectividades conducentes, como decía don Hipólito Yrigoyen.

El RIGI promete estabilidad por treinta años. Pero ¿qué sucede si dentro de uno, cinco, diez o quince años cambia el Gobierno y una nueva mayoría legislativa decide modificarlo? ¿Puede hacerlo? ¿Qué derechos tendría que respetar?

Porque una cosa es anunciar que una norma durará treinta años y otra, bastante diferente, es garantizar que sus consecuencias políticas, económicas y jurídicas puedan sostenerse durante tres décadas.

El tiempo lo dirá. Mientras tanto, algunos están batiendo el parche.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió a los inversores internacionales que no se entusiasmaran con las condiciones que otorga la gestión de Javier Milei y sostuvo que, ante un eventual cambio de gobierno, se revisarían los contratos y los andamiajes jurídicos vinculados al RIGI.

En el mismo sentido, Máximo Kirchner planteó que, si el peronismo volviera al poder, se revisarían y auditarían uno por uno los proyectos y contratos aprobados bajo el régimen. También hizo referencia al respeto por los derechos adquiridos de aquellos proyectos que cumplan las condiciones establecidas.

Son declaraciones que merecen ser examinadas en su totalidad. Revisar o auditar no significa necesariamente anular, del mismo modo que anunciar estabilidad no elimina por sí solo cualquier conflicto futuro.

Ahora bien, resulta indudable que las declaraciones que introducen dudas sobre la continuidad de las reglas pueden ahuyentar nuevas inversiones como el insecticida RAID a los mosquitos. Y por ese lado también hay que formularse más preguntas.

¿Cuánto le costaría al Estado incumplir los compromisos asumidos? No tengo idea, pero quizás sea mejor ni saberlo. Pensemos que del otro lado del mostrador no estará el verdulero de la esquina.

Juguémonos con otra pregunta: si el país necesita ofrecer garantías excepcionales durante treinta años para atraer inversiones, ¿qué nos dice eso sobre la confianza que inspira el país sin esas garantías?

Esta es más fácil de responder: quizás ninguna, o tal vez menos. Cada uno podrá responsabilizar a quien mejor le parezca.

Para despejar fantasmas, te diré que este humilde artículo no pretende inducirte a ninguna respuesta. Sólo aspira a que comprendamos qué es el RIGI y cuáles son sus beneficios; que estemos atentos a cuánto de la inversión anunciada llegará efectivamente al país; que tomemos conciencia de lo que implica sostener garantías durante treinta años a través de distintos gobiernos; y que veamos cómo la incertidumbre política puede afectar las decisiones de inversión, sin atribuir automáticamente todos los riesgos a un solo sector.

Porque acá todos sabemos que nadie mea agua bendita.

CONCLUSIÓN

Las explicaciones y respuestas claras y comprensibles son una tarea indelegable del oficialismo.

La responsabilidad por las declaraciones que puedan sembrar dudas sobre el respeto de los compromisos asumidos también debe ser asumida por la oposición.

Ambos, cada uno por lo suyo, parecen olvidarse de que este país no les pertenece: es de los 47 millones de argentinos.

Y no parece muy justo que se sigan manejando de este modo.

Edmundo "Mundy" Fuster

Consultor y Columnista de Opinión