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¡Acorralado por la Justicia!

La Corte le cerró una puerta a Galán y la Cámara de Diputados deberá definir su desafuero

La Sala Penal del máximo tribunal declaró formalmente inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del legislador. De esta manera, quedó firme la resolución que mantiene habilitado el pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados por la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios.

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Revés judicial para el diputado José 'Machi' Galán: la Corte de Catamarca rechazó un recurso y avanza el trámite de desafuero por peculado

La estrategia defensiva del legislador provincial José Javier Galán sufrió un contundente revés en el máximo tribunal de la provincia. Mediante el Auto Interlocutorio N.º 53, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca declaró formalmente inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del diputado contra una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, dictada en el marco de una investigación jurisdiccional en su contra.

Con esta resolución, el tribunal dejó firme el escenario dispuesto por la Cámara de Apelaciones, manteniendo plenamente vigente la solicitud de desafuero legislativo sobre el parlamentario para que pueda ser sometido a proceso penal por la presunta comisión del delito de peculado de trabajos o servicios.

El laberinto procesal del pedido de desafuero

Para comprender el alcance institucional de la medida, la causa tuvo un hito central cuando la Cámara de Apelaciones modificó una decisión previa del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación. En aquel pronunciamiento, el tribunal de alzada resolvió desestimar el pedido de desafuero respectivo a las imputaciones por presuntas amenazas calificadas por el uso de armas y exacciones ilegales.

Sin embargo, el mismo tribunal ratificó la necesidad de avanzar con el quita de fueros en relación con la acusación por peculado de trabajos o servicios, figura que sanciona el uso indebido de recursos, personal o prestaciones del Estado para beneficio particular. Ante este escenario, la defensa de Galán acudió a la Corte provincial mediante un recurso de casación, alegando una supuesta inobservancia y errónea aplicación de la ley procesal.

Al evaluar el planteo, los ministros integraciones de la Sala Penal —presidida por la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti e integrada por los jueces Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño— analizaron de manera preliminar los requisitos de admisibilidad estipulados en el artículo 455 del Código Procesal Penal.

Los fundamentos de la Corte para cerrar la vía de casación

En su pronunciamiento, el máximo tribunal remarcó que la casación se encuentra reservada exclusivamente para sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al proceso o causen un agravio de imposible reparación ulterior.

Bajo ese criterio, los magistrados argumentaron que la confirmación del pedido de desafuero por peculado no reviste el carácter de fallo definitivo, toda vez que no resuelve la cuestión de fondo ni concluye el trámite penal. Por el contrario, recordaron que la concreción efectiva de la medida se encuentra sujeta a la decisión soberana que deba adoptar la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, órgano competente para decidir si despoja o no de sus fueros al legislador.

Asimismo, la Sala Penal enfatizó que la sola continuidad de una investigación judicial no configura un perjuicio irreparable de forma automática. Para habilitar la instancia extraordinaria, la defensa debía demostrar un daño concreto y actual sobre garantías constitucionales, requisito que —según la resolución del tribunal— no fue acreditado con la solvencia técnica necesaria.

Precisiones sobre el alcance del fallo

Desde el punto de vista estrictamente legal, la decisión de la Corte de Justicia se circunscribe a un estricto resguardo formal del procedimiento y no implica una sentencia sobre la culpabilidad o inocencia de José Javier Galán respecto de los hechos denunciados.

Tampoco supone la ejecución automática del desafuero: la solicitud elevada por la Justicia continúa tramitándose bajo la órbita de la Cámara de Diputados provincial. Será el cuerpo legislativo el encargado de evaluar los antecedentes remitidos por la Cámara de Apelaciones y definir en el recinto si habilita el avance irrestricto de la causa penal contra el parlamentario.

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