Duro revés judicial para Javier Galán: el diputado provincial quedó acorralado y la Legislatura define su futuro

La Cámara de Apelaciones desestimó las presentaciones de la defensa del legislador provincial. Con el expediente judicial encauzado y múltiples denuncias por presunto peculado de servicios y amenazas, el proceso institucional se traslada ahora al recinto legislativo, donde se definirá la pérdida de inmunidad parlamentaria.

El horizonte político y judicial del diputado provincial Javier Galán ingresó en su etapa más crítica. En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones resolvió rechazar de manera categórica los recursos interpuestos por la defensa técnica del legislador, consolidando el avance de las pesquisas penales que se instruyen en su contra y acelerando los tiempos para un inminente debate sobre su desafuero en la Legislatura provincial.

Las reiteradas resoluciones adversas en las diferentes instancias de revisión judicial debilitaron la estrategia legal del parlamentario, la cual había apostado sistemáticamente a la interposición de recursos de nulidad, planteos de caducidad de plazos procesales y pedidos de archivo para frenar el ritmo de las investigaciones. Al desestimar estas pretensiones, los magistrados intervinientes ratificaron la validez del andamiaje probatorio reunido por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes.

Las acusaciones: del peculado de servicios a las amenazas

El expediente que complica al legislador contempla un abanico de graves señalamientos penales acumulados a lo largo de los últimos meses. Entre las imputaciones de mayor peso institucional figuran las acusaciones por presunto peculado de trabajos o servicios, figura penal que indaga el supuesto uso indebido de recursos públicos y personal del Estado en beneficio particular, motivo central por el cual la Justicia ratificó la procedencia del pedido de desafuero.

A estas actuaciones se suman formales presentaciones judiciales impulsadas por exempleados y particulares, quienes ampliaron el espectro de la investigación al denunciar situaciones de amenazas, coacción e intimidación en el ámbito laboral y político.

El camino institucional hacia el desafuero

Con el rechazo de los planteos dilatorios en el fuero penal, el proceso institucional cruza ahora la frontera de los tribunales para instalarse de lleno en el ámbito parlamentario. La normativa vigente establece que, para que la justicia ordinaria pueda someter a proceso a un legislador bajo las normas comunes del Código Procesal Penal, es condición indispensable que el cuerpo legislativo vote favorablemente la suspensión o levantamiento de sus fueros constitucionales.

En los pasillos de la Legislatura provincial ya se analizan los escenarios políticos que abrirá el tratamiento formal del expediente. Los bloques parlamentarios deberán evaluar los antecedentes de la causa y definir una postura institucional frente a un pedido que pone bajo escrutinio la conducta ética y legal de un representante electo por la ciudadanía.