Vuelve la tensión por el aborto al Congreso: La Libertad Avanza impulsa la “Ley Latidos” para condicionar la IVE

El debate por los derechos reproductivos y la vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vuelve a colarse en la agenda prioritaria del Congreso de la Nación. Mediante un proyecto bautizado como “Ley Latidos”, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ratificó su intención de revisar el marco legal sancionado en diciembre de 2020.

La iniciativa, impulsada formalmente por la diputada nacional Alida Mónica Ferreyra, establece un protocolo estricto que las personas gestantes deberán atravesar antes de rubricar el consentimiento informado para un aborto legal: recibir asesoramiento detallado sobre la etapa gestacional y obligar a los centros de salud a emitir la actividad cardíaca del feto cuando la tecnología lo permita.

La cruzada libertaria y el "primer latido"

El anuncio formal fue realizado por la propia legisladora a través de sus canales oficiales, donde vinculó la presentación de la norma con el cumplimiento de su plataforma ideológica.

"Juré como diputada ‘por la vida’ y cumplo. Presentamos el proyecto de ley para protegerla desde el primer latido", aseveró Ferreyra, al tiempo que arremetió contra la redacción actual de la norma promulgada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

La estrategia legislativa busca insertar dos artículos normativos clave —identificados como 6 bis y 6 ter— en el cuerpo de la Ley 27.610.

Los puntos neurálgicos de la "Ley Latidos"

El articulado presentado en la Cámara Baja impone nuevas directrices para la praxis médica en los centros de salud públicos y privados de todo el país:

1. Información técnica obligatoria: Los profesionales sanitarios deberán brindar explicaciones verbales, objetivas y científicamente validadas sobre el desarrollo gestacional, detallando expresamente si existe o no pulso cardíaco y cuál es su alcance clínico.

2. Escucha cardíaca documentada: Las instituciones de salud tendrán la obligación de disponer de los insumos técnicos para proyectar el sonido de los latidos ante la persona gestante. Esta instancia deberá efectuarse obligatoriamente antes del consentimiento final y asentarse expresamente en la historia clínica del paciente.

3. Excepciones y limitantes: La propuesta únicamente contempla omitir este paso en dos escenarios: por imposibilidad técnica fehacientemente documentada, o cuando el diferimiento del procedimiento implique un peligro inminente para la vida o salud de la madre.

4. Vías alternativas y adopción: Se refuerza la obligación estatal de informar sobre programas de contención social y asistencia económica, especificando los alcances de la Ley 27.611 (Ley de los 1.000 Días) y la Asignación por Embarazo. A su vez, se impone la difusión de las opciones de continuidad del embarazo y los trámites de guarda con fines adoptivos.

¿Quién es Alida Ferreyra? El perfil de la legisladora impulsora

Abogada oriunda de la provincia de Corrientes, Ferreyra representa actualmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su desembarco en la Cámara de Diputados se produjo el 31 de enero de 2024, tras asumir la banca en reemplazo de Diana Mondino, quien dejó el Poder Legislativo para asumir como Canciller del Ejecutivo Nacional.

Desde su juramento parlamentario —donde hizo explícita su adhesión al movimiento conocido como "provida"—, Ferreyra se alineó con el ala más conservadora del oficialismo. Su texto no es un hecho aislado: se suma a iniciativas previas dentro del bloque libertario, como la propuesta que presentó en su momento la legisladora Rocío Bonacci para derogar de manera directa la legalización del aborto.

Un escenario de alta fricción política e institucional

Aunque por el momento el proyecto inicia su recorrido en comisiones, la sola postulación de la "Ley Latidos" promete encender las alarmas en el arco político opositor y en los colectivos de derechos humanos y de mujeres.

Mientras los defensores de la norma argumentan un presunto "derecho a la información completa" y la tutela de la vida desde la concepción, detractores bioéticos y juristas advierten que la medida busca ejercer una disuasión psicológica y obstaculizar el acceso a un derecho garantizado por ley nacional. El Congreso, una vez más, se prepara para un nuevo capítulo de una de las disputas ideológicas más profundas de la Argentina contemporánea.