Nuevas reglas para transferencias: montos y condiciones desde febrero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), implementó una serie de cambios en la fiscalización de transferencias de dinero. A partir de febrero de 2025, el organismo actualizará los montos permitidos para operaciones electrónicas sin necesidad de ser informadas al fisco. Esta medida busca reforzar el control sobre los movimientos financieros y detectar posibles irregularidades fiscales.

Según la nueva normativa, los usuarios de billeteras virtuales deberán registrar sus datos si al cierre del mes mantienen un saldo igual o superior a $1.000.000. Además, cualquier transferencia individual que supere los $600.000 deberá ser reportada por la entidad financiera correspondiente. Si ARCA identifica inconsistencias en los ingresos de una persona, podrá iniciar una investigación para determinar su origen y, en caso de irregularidades, evaluar sanciones por posible evasión impositiva.

Una de las novedades más importantes es la actualización automática de estos montos, que se realizará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este ajuste se aplicará cada seis meses para evitar que la inflación desvirtúe los límites establecidos, asegurando así que los montos sigan siendo relevantes en el contexto económico.

En cuanto a la cantidad de transferencias permitidas, cada banco o plataforma digital impone sus propias restricciones. Algunas entidades establecen un tope máximo diario de $8.000.000, mientras que MODO permite hasta $2.000.000 y Mercado Pago fija su límite en $500.000. Sin embargo, estas cifras pueden variar según la situación crediticia y el perfil financiero de cada usuario.

Con estas nuevas disposiciones, el gobierno refuerza su política de monitoreo financiero, ampliando los controles sobre el flujo de dinero digital. La medida busca garantizar una mayor transparencia en las operaciones económicas y minimizar el riesgo de evasión fiscal en un contexto de creciente digitalización de los pagos y transacciones.