Inauguración en el Salar del Hombre Muerto
Pactos de no agresión y litio en la Puna: el plan libertario con Jalil y Sáenz para blindar las reformas en el Congreso
La cumbre prevista en Balcarce 50 fue dada de baja para priorizar un hito minero e institucional en el Salar del Hombre Muerto. El oficialismo busca acelerar el dictamen de la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el blindaje del DNU 70 a cambio de paz territorial con los mandatarios dialoguistas.

En una decisión que reordena las prioridades de la agenda oficial, el Gobierno nacional resolvió suspender la reunión de la mesa política en Casa Rosada estipulada para este martes. En su lugar, el Poder Ejecutivo desplegó una fuerte señal de pragmatismo político e institucional al trasladar a sus principales espadas a la Puna argentina para mostrarse junto a dos gobernadores aliados determinantes para la suerte de las reformas en el Congreso: el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz.
La comitiva nacional estará encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. La delegación dirá presente en el acto de inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, operado por la minera surcoreana POSCO en el Salar del Hombre Muerto, en la zona fronteriza de cooperación entre Salta y Catamarca.
Durante la ceremonia, prevista para las 9:30 horas, las autoridades rubricarán un Memorándum de Entendimiento estratégico para avanzar en las etapas III y IV del emprendimiento, con el objetivo de elevar la producción anual a 100.000 toneladas de productos de litio.
El rearmado libertario: pragmatismo territorial por gobernabilidad
La foto en el norte argentino no es casual ni puramente protocolar. Tras la gira europea donde el presidente Javier Milei, su gabinete y un grupo de 13 mandatarios provinciales participaron del encuentro de inversiones Argentina Week, el oficialismo aceleró la búsqueda de consensos indispensables para destrabar la agenda parlamentaria del último tramo del año.
El principal objetivo de la Casa Rosada es avanzar con la reforma electoral, cuyo eje central es la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En ese esquema de negociación, Diego Santilli y Karina Milei diseñaron una estrategia de dos carriles para la construcción territorial de La Libertad Avanza (LLA) de cara a los próximos turnos electorales:
Alianzas de fusión: En provincias con mandatarios de alta sintonía o pertenecientes al bloque de gobernadores aliados —como el chaqueño Leandro Zdero—, la conducción libertaria explora acuerdos de confluencia electoral directa.
Pactos de "no agresión": En distritos gobernados por peronistas dialoguistas o provincialistas como Jalil y Sáenz, el oficialismo nacional evalúa resignar la consolidación de listas propias competitivas ("candidatos ignotos sin aparato estatal") a cambio de garantizar la paz territorial y asegurar que los legisladores que responden a esos gobernadores acompañen los proyectos neurálgicos del Ejecutivo.
Negociaciones cruzadas: Reforma Electoral, Presupuesto 2027 y DNU 70
La venia definitiva para este esquema de "armisticio provincial" sigue en manos de Karina Milei, quien ha dado señales de flexibilizar la expansión territorial irrestricta de la marca violeta para priorizar la estabilidad legislativa y el alineamiento con la reelección presidencial.
Esta compleja arquitectura política mantiene actualmente adormecido el debate en el Senado sobre la reforma electoral. Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 confían en que las conversaciones mantenidas en la Puna permitan destrabar el dictamen de comisión durante el mes de octubre, proyectando una eventual sesión en el recinto para finales de mes.
En forma paralela, el acompañamiento de las provincias resulta crítico para dos frentes simultáneos: las discusiones por la pauta de recursos en el Presupuesto 2027 y la ratificación del DNU 70/2023, clave para mantener la desregulación de la Ley de Tierras tras los recientes pronunciamientos del máximo tribunal.





