Agenda legislativa y paquete de reformas
"Paz transitoria" en el Congreso: la orden interna de Karina Milei para negociar con los gobernadores sin ceder
El Ejecutivo nacional ordenó a su tropa legislativa bajar los decibeles contra los mandatarios provinciales hasta fin de año. La prioridad absoluta es aprobar el Presupuesto, la suspensión de las PASO, el super-RIGI, la reforma del BCRA y la Ley Malvinas, congelando la disputa electoral en los distritos.
El Pragmatismo se impuso sobre la confrontación directa en la mesa política de Balcarce 50. Con la certeza matemática de que la aritmética parlamentaria en la Cámara de Diputados y en el Senado sigue siendo desfavorable para el bloque oficialista, la conducción nacional de La Libertad Avanza (LLA) bajó una orden tajante a sus espadas legislativas: congelar las hostilidades y pactar una tregua táctica con los gobernadores dialoguistas hasta el mes de diciembre.
El objetivo central de este armistice temporal no es ideológico, sino operativo. La Casa Rosada necesita imperiosamente construir mayorías circunstanciales para aprobar un paquete de cinco proyectos de ley prioritarios que el presidente Javier Milei considera la columna vertebral del tramo final de su gestión ejecutiva.
“Es una paz transitoria”, resumen en los pasillos del Poder Ejecutivo. La consigna impartida desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, exige escindir el armado territorial y las aspiraciones electorales provinciales de la agenda parlamentaria indispensable de aquí a fin de año.
Las cinco leyes prioritarias del oficialismo
En la hoja de ruta diseñada por el equipo político gubernamental, la agenda del Congreso ha quedado dividida en dos andariveles. Un primer grupo de máxima prioridad, sobre el cual se concentrarán todas las fichas de negociación fiscal y política, y un segundo nivel de iniciativas que quedarán supeditadas al margen de maniobra resultante.
Las cinco leyes fundamentales que exige el Presidente son:
Presupuesto General de la Nación 2027: El instrumento madre de la política económica, que ratifica el dogma del déficit cero pero requiere el aval de los mandatarios provinciales para la distribución de partidas automáticas y discrecionales.
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA): Diseñada para consolidar las restricciones a la emisión monetaria y fijar metas de solvencia financiera de largo plazo.
Ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Super-RIGI): Una extensión de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer capitales a sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura.
Suspención o Modificación de las PASO: El proyecto que busca alterar el calendario electoral nacional para recortar costos operativos y reconfigurar la competencia partidaria.
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas: Una iniciativa con alto contenido institucional y diplomático para fijar parámetros de posición geopolítica en el Atlántico Sur.
El rol de Karina Milei y la contención de incendios internos
El viraje estratégico cobró volumen tras una reunión reservada que Karina Milei mantuvo con el bloque de diputados libertarios. Allí, la funcionaria instó a erradicar los descalificativos personales, los agravios en redes sociales y la pirotecnia verbal contra mandatarios provinciales como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) o Carlos Sadir (Jujuy).
Esta orden de contención responde también a la necesidad de subsanar cortocircuitos internos y fallas de coordinación en el propio oficialismo. La sorpresiva inclusión de reajustes en el área de Discapacidad dentro del texto presupuestario descolocó a legisladores propios y generó duras réplicas públicas de referentes aliados como Patricia Bullrich.
Reconociendo el yerro de articulación, el Gobierno reabrió canales de diálogo: en el área de Discapacidad se mostró dispuesto a revisar las partidas, en la discusión sobre financiamiento universitario ofreció acercar posturas para desactivar el frente judicial, y en materia de endeudamiento familiar comenzó a redactar un texto alternativo junto a bloques provinciales para evitar derrotas catastróficas en el recinto.
La diplomacia de las provincias: la red de Diego Santilli
Mientras la Secretaría General fija la disciplina discursiva, el armado táctico sobre el terreno de negociación recae en la figura de Diego Santilli. El legislador intensificó una nutrida agenda de contactos bilaterales con los gobernadores para auscultar reclamos puntuales de caja, infraestructura pendiente e inquietudes fiscales.
Las conversaciones mantenidas en los últimos días con jefes provinciales de diverso signo político, incluyendo a Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), revelan la moneda de cambio: las provincias exigen garantías sobre transferencias de recursos y financiamiento de obras viales y energéticas clave a cambio de que sus senadores y diputados levanten la mano para las iniciativas del Ejecutivo.
En el caso del Presupuesto 2027, el principal punto de fricción radica en el reclamo de las provincias por las asignaciones para universidades nacionales, cajas previsionales no transferidas y la distribución del impuesto a los combustibles. La Casa Rosada confía en abroquelar los votos del PRO, sectores mayoritarios de la UCR y los bloques provinciales, sabiendo que deberá conceder modificaciones puntuales al proyecto original.
Elecciones 2027: la fórmula de "competencia y gobernabilidad"
La tregua legislativa tiene una fecha de caducidad escrita: diciembre. La decisión política de la Casa Rosada es despejar el horizonte normativo antes del cierre de sesiones ordinarias y, recién a partir de 2027, acelerar la estructuración de la oferta electoral de La Libertad Avanza en todo el país.
Para evitar que las futuras candidaturas territoriales dinamiten los acuerdos legislativos actuales, el Gobierno evalúa una ingeniería flexible basada en la dualidad "competencia y gobernabilidad", se analiza la viabilidad de fórmulas que permitan a ciertos gobernadores apoyar la candidatura presidencial de Javier Milei en la categoría nacional, compitiendo con listas separadas a nivel de legisladores y cargos locales. A su vez, en distritos donde el diálogo institucional con el gobernador es prioritario (como el caso de Maximiliano Pullaro en Santa Fe), el espacio libertario contempla presentar listas propias con postulantes de menor perfil relativo, preservando la presencia del sello sin forzar un choque directo que rompa los puentes institucionales.
Con entendimientos ya avanzados en capítulos regionales específicos como el congelamiento de acuerdos sobre la tarifa de Zona Fría, el Gobierno apuesta a que esta estrategia de pragmatismo parlamentario le permita cerrar el año legislativo con sus metas estructurales aprobadas, dejando para el año próximo el inevitable desembarco de la contienda electoral.
