Negociaciones con los gobernadores
A contrarreloj y entre protestas: el plan de la Casa Rosada para tratar la eliminación de las PASO antes de la visita papal
Con la cuenta regresiva para la llegada del Santo Padre y un calendario de octubre saturado por marchas de la CGT y el reclamo universitario, el oficialismo acelera las negociaciones con mandatarios provinciales para destrabar la mayoría calificada en el Senado.
La Casa Rosada atraviesa semanas decisivas para el futuro de su arquitectura electoral. Con un calendario apremiante y un escenario de creciente conflictividad social, la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) afina los detalles para convocar a una sesión clave en el Senado con un objetivo central: aprobar la reforma política que contempla la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El margen de maniobra del oficialismo está severamente acotado. En los despachos de Balcarce 50 conviven dos condicionantes insoslayables: la intensa agenda de paros y movilizaciones en las calles durante todo el mes de octubre y el inminente viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina, programado entre el 8 y el 11 de noviembre.
La ventana estratégica de noviembre y la barrera constitucional
Para el esquema político liderado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la llegada del Sumo Pontífice representa un acontecimiento institucional que absorberá de manera absoluta la atención pública y mediática del país. El Poder Ejecutivo dispuso mediante el Decreto 1103/2026 un esquema especial de feriados con alcance territorial para garantizar la logística y seguridad del evento.
Bajo esta premisa, la mesa chica de Balcarce 50 concluyó que el tratamiento de la reforma electoral debe concretarse, indefectiblemente, antes de la primera semana de noviembre. Si el debate legislativo no se resuelve dentro de esa estrecha ventana de tiempo, la discusión quedará postergada de manera indefinida, complicando el armado de las reglas del juego para los comicios intermedios.
Sin embargo, el obstáculo técnico no es menor. Tratándose de una modificación al régimen electoral, la Constitución Nacional exige una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara (37 votos en el Senado). Aunque las gestiones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y representantes del Ejecutivo lograron tender puentes con más de una docena de mandatarios provinciales, las bancadas de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO continúan mostrando resistencia en torno a la supresión total del sistema de primarias.
Octubre bajo tensión: compromisos internacionales y protestas sociales
Fijar una fecha para el recinto en las próximas semanas implica navegar un campo minado de imponderables políticos y logísticos. En la agenda oficial convergen varios hitos que dificultan la búsqueda de consensos:
14 de octubre: El presidente Javier Milei tiene previsto un viaje a los Estados Unidos para disertar en un foro convocado por la Heritage Foundation.
15 de octubre: La Cámara de Diputados fue citada a una megasesión especial impulsada por sectores opositores para intentar rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70). Coincidir con un debate de esta magnitud en el Senado el mismo día implicaría un nivel de exposición y riesgo político que el oficialismo evalúa evitar.
Presión en la vía pública: El mismo 15 de octubre coincidirá con la Marcha Federal Universitaria contra el ajuste presupuestario del sector. Previamente, la CGT convocó a una marcha «en defensa de la industria» para el 8 de octubre, mientras que el 17 de octubre el peronismo desplegará sus movilizaciones tradicionales por el Día de la Lealtad.
Negociaciones punto por punto con las provincias
Ante la imposibilidad de avanzar en el recinto en medio de los días de mayor agitación social, la estrategia oficial pasa por intensificar las reuniones bilaterales con los gobernadores «aliados y colaborativos». La Casa Rosada busca cerrar acuerdos puntuales provincia por provincia que garanticen el quórum y los 37 votos afirmativos necesarios en la Cámara Alta.
A la par de la discusión sobre las PASO, el proyecto del Ejecutivo promueve cambios estructurales en el financiamiento de los partidos políticos —como el incremento del tope para aportes privados y la eliminación del financiamiento público obligatorio para publicidad electoral—, puntos que continúan bajo un riguroso examen técnico en las comisiones parlamentarias.
La resolución del entuerto dictará si La Libertad Avanza logra anotarse un triunfo legislativo determinante antes del cierre del año o si el calendario electoral de 2027 deberá regirse, una vez más, bajo las reglas del sistema político tradicional.
