Motosierra
Presupuesto 2027: El Gobierno proyecta un recorte en las pensiones por discapacidad y se reaviva el conflicto con la Iglesia y el Congreso
Mientras la Conferencia Episcopal exige prorrogar la Ley de Emergencia y liberar más de 200.000 expedientes frenados, el proyecto de gastos del Ejecutivo fija un techo de beneficiarios inferior al Padrón actual y reabre la batalla legislativa sobre la cobertura social.
Un marcado contraste entre la realidad social y las frías planillas de cálculo fiscales volvió a encender la polémica en torno a las políticas prestacionales del Estado. Mientras las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina acudieron esta semana al Ministerio de Salud para alertar sobre la angustiante situación de más de 200.000 solicitudes de pensión estancadas en el circuito burocrático, la letra chica del Proyecto de Presupuesto redactado por el Poder Ejecutivo proyecta una dinámica inversa: para el próximo año habrá 2.578 cobros menos que los registrados formalmente hasta mediados de este año.
El diagnóstico entregado por los referentes eclesiásticos a los funcionarios del Ministerio de Salud insistió en la necesidad imperiosa de dar continuidad a la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo plazo de vigencia expira el próximo 31 de diciembre. La normativa vigente no solo establece parámetros mínimos de actualización arancelaria para el sistema de prestaciones básicas, sino que fija la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Sin embargo, en los despachos oficiales predomina la resistencia retórica y técnica a ese marco legal sancionado tras un tortuoso derrotero que incluyó vetos del Ejecutivo y reveses judiciales. En el proyecto de asignación de recursos, el Gabinete económico insistió en rotular la partida bajo el histórico —y sensiblemente más restrictivo— criterio de "Pensión no Contributiva por Invalidez Laborativa".
La divergencia no radica en una mera disputa de nomenclatura jurídica. El concepto de invalidez laboral impone exigencias médico-administrativas severas —como acreditar una incapacidad total y permanente de al menos un 66% para el mercado laboral formal—, lo que deja fuera de cobertura a miles de personas con grados significativos de vulnerabilidad social y severas limitaciones de autonomía.
Actualmente, los datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, actualizados a junio, dan cuenta de 1.144.014 personas que perciben mensualmente la asignación por discapacidad. No obstante, la proyección plurianual trazada por el Gobierno nacional establece para el próximo periodo un tope presupuestado de 1.141.436 beneficiarios. La diferencia representa una disminución neta de 2.578 liquidaciones en comparación con el padrón consolidado vigente.
El intento inicial del oficialismo por alterar los requisitos sustanciales de acceso a las pensiones mediante articulados presupuestarios generó cortocircuitos en la propia Cámara de Diputados. La presión opositora y los reclamos de bloques aliados forzaron la presentación de un proyecto de ley alternativo que busca unificar reglas permanentes y otorgar certeza jurídica al colectivo.
Un informe técnico elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso determinó el verdadero alcance del dictamen de mayoría que obtuvo luz verde en las comisiones parlamentarias. Según el organismo técnico, dar cumplimiento a la ley e ingresar de manera progresiva los 200.000 expedientes que hoy continúan "en trámite" en la Agencia Nacional de Discapacidad tendría un costo incremental estimado en torno al 0,04% del Producto Interno Bruto. Además, la norma restituye la compatibilidad entre el cobro del beneficio y la inserción en el empleo registrado, siempre que los ingresos del titular no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
La reunión entre la Conferencia Episcopal y los representantes de Salud se produjo en un escenario bisagra. El sector eclesiástico advirtió que paralizar las altas o endurecer los criterios mediante la no prorrogabilidad de la emergencia genera un desamparo sistemático en los hogares golpeados por la pérdida del poder adquisitivo.
Si el texto definitivo del Presupuesto se aprueba conforme a los parámetros enviados por la cartera económica, el sistema de protección social no solo cerrará la puerta a las 200.000 personas en lista de espera, sino que profundizará un goteo a la baja en el número total de coberturas vigentes. El debate parlamentario que se avecina definirá si el Congreso convalida un esquema de ajuste en las partidas o si impone una restitución definitiva del padrón.
