Luego de quitarle la subvención por seis meses, ¿el Colegio Pía Didoménico no tiene dinero para pagar los sueldos a los profesores?

El debate en torno al Colegio Pía Didoménico de Catamarca sumó un nuevo capítulo tras la severa sanción aplicada por el Gobierno provincial —que incluyó la quita de la subvención estatal por un período de seis meses a raíz del resonante caso de bullying que conmocionó a la opinión pública—. Mientras desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) encendieron las alarmas advirtiendo sobre una supuesta imposibilidad financiera de la institución para abonar los haberes del plantel docente, un análisis detallado de la estructura de ingresos del establecimiento pone bajo lupa el real alcance de esta crisis.

Las cuentas que tambalean el discurso de insolvencia

Para medir la magnitud económica del Colegio Pía Didoménico, es necesario poner sobre la mesa los números fríos de su funcionamiento cotidiano en el nivel secundario. La institución cuenta con una estructura consolidada que abarca desde primer hasta sexto año. Al registrar un promedio de cuatro secciones por año, el establecimiento opera con un total aproximado de 24 divisiones.

Si se toma una estimación prudente de entre 30 y 40 alumnos por sección, ubicando un promedio conservador de 35 estudiantes por curso, la multiplicación arroja una masa de aproximadamente 840 alumnos cursando de manera regular en el nivel secundario.

A este volumen de alumnado se le debe aplicar el cuadro arancelario vigente: una cuota mensual ordinaria fijada en $109.000. Pero el factor determinante en la caja financiera del colegio se produce durante los meses de matriculación e inscripción. Actualmente, los padres deben afrontar el pago de la inscripción equivalente a dos cuotas juntas, lo que sumado a la cuota regular del mes eleva el desembolso a $327.000 por alumno en un solo período mensual.

Multiplicando el valor de la cuota ordinaria por la base estimada de estudiantes, la recaudación mensual bruta del nivel secundario del Colegio Pía Didoménico ronda cifras multimillonarias que superan ampliamente los 90 millones de pesos mensuales solo por aranceles corrientes, un monto que se triplica durante los meses de pago de matrícula.

¿Crisis real o falta de gestión patronal?

Frente a este escenario, cabe preguntarse si el planteo esgrimido por SADOP —que da por sentado que la institución carece de recursos para pagar los sueldos ante la falta de subsidio estatal— resiste un análisis financiero riguroso.

Resulta cuestionable asumir mansamente que una estructura con semejante nivel de recaudación privada queda automáticamente en bancarrota técnica por perder el aporte estatal durante medio año. Como ocurre con cualquier empresa privada que opera en el mercado provincial y nacional, la patronal tiene la obligación ineludible de administrar sus recursos, optimizar sus costos operativos y honrar el pago de los salarios a sus trabajadores, sin especular con trasladar el costo total de sus sanciones institucionales al bolsillo de los docentes o justificar un achique salarial bajo la alfombra de una supuesta asfixia financiera.

El Colegio Pía Didoménico no es una excepción en el régimen de la educación privada: percibe aranceles elevados y opera con una matrícula cautiva considerable. Pretender instalar que no existen margenes para sostener la masa salarial sin el auxilio del Estado parece responder más a una estrategia de presión gremial-empresaria que a una imposibilidad material comprobada mediante balances auditados.

El Ministerio de Educación ya advirtió que no se permitirán aumentos encubiertos ni desregulados en las cuotas por fuera de las autorizaciones oficiales, lo que obliga a la conducción del Colegio Pía Didoménico a reordenar sus prioridades financieras internas. Los profesores, ajenos por completo a la falta de respuestas institucionales que motivó la quita de la subvención, no pueden ni deben constituirse en la variable de ajuste de una administración que ahora debe dar la cara, abrir los libros contables y hacerse cargo de sus responsabilidades como empleador privado.