Una jueza dejó libre a un menor y declaró inconstitucional la ley penal juvenil

Laura Beatriz De Marinis es la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires y este lunes firmó una resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil, con la que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión desató una oleada de reacciones políticas que incluyeron pedidos de juicio político en su contra.

La trayectoria de De Marinis dentro del sistema judicial es larga y, sobre todo, construida desde adentro. Inició su carrera en la Justicia en 2006, antes incluso de haberse recibido de abogada, y desde entonces fue acumulando cargos en distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Su último puesto antes de llegar a la judicatura fue el de Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, cargo que ocupó desde 2017. En marzo de 2023, se presentó a un concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura, reunió la calificación necesaria y, el 19 de diciembre de ese año, prestó juramento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para asumir en el juzgado que hoy conduce.

Once días después de esa jura —el 28 de diciembre de 2023— le tocó intervenir por primera vez en un caso de alto impacto público. Se trató de la causa contra Carlos Manuel Andrés, el joven que en noviembre de 2021 había golpeado brutalmente a Arturo López, un playero de 66 años que trabajaba en un garaje de Monserrat. Las imágenes de la agresión, captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, habían conmocionado a la opinión pública: se veía una discusión entre la familia del entonces menor y el empleado, seguida de una trompada que dejó a López internado por más de un año y con secuelas permanentes. El agresor había estado prófugo durante cinco meses y, tras ser atrapado, recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión.

En ese caso, De Marinis dejó sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía el joven desde su condena, bajo el argumento de que llevaba una tobillera electrónica que permitía su geolocalización, y le prohibió salir del país. La familia de López recibió la decisión con indignación y contó públicamente que el hombre había tenido que volver a terapia intensiva a causa de episodios de convulsiones.