Más de $14 millones deberá pagar la Iglesia católica a una víctima del Próvolo
Unos 14,4 millones de pesos deberá pagar la asociación Obra San José a una víctima del caso Próvolo, en el que fueron condenados dos sacerdotes católicos por cometer abusos sexuales sistemáticos contra niños, niñas y adolescentes sordos en un internado de Luján de Cuyo y por el que actualmente se juzgan complicidades. Es la primera sentencia civilde reparación para sobrevivientes y ya fue apelada por la institución religiosa.
“Es un fallo que marcaun hito en la historia de la Justicia mendocina, no sólo por ser el primero en este tipo de delitos aberrantes, sino también porque se aplican normas de derecho constitucional, con absoluta perspectiva de derechos humanos, de discapacidad; se analizan las distintas situaciones particulares del caso y se le da preponderancia al valor de la justicia, porque en definitiva lo que se logró con este fallo es hacer justicia”, dijeron a MDZlos abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, quienes representan a un grupo de víctimas y decidieron hacer pública la resolución judicial.
El fallo fue dictado en noviembre por la Jueza María Lilen Sánchez del Tribunal de gestión asociado número 4 y exhorta a la asociación a pagar14,4 millones de pesos ante la demanda de reparación por daños. Obra San José es la asociación a cargo del instituto Antonio Próvolo (donde se cometieron los delitos) y fue la misma que vendió en 2018 el predio a la municipalidad de Luján de Cuyo para que funcione la sede comunal. En ese momento, el Obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, cedió el inmueble de 6 hectáreas al por entonces intendente Omar De Marchi por 150 millones de pesos.
Ahora, de acuerdo al relato de los abogados, “la Iglesia decidió no pagar sino apelar, por lo tanto deberá seguir la vía judicial, aunque sienta un antecedente importantísimo ya que hay otras demandas similares de otras personas sobrevivientes”.
Con la monja Kosaka en prisión domiciliaria, continuará la causa Próvolo II
Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi (fallecido hace 6 meses) recibieron en noviembre de 2019 penas de más de 40años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal, abusos simples, partícipe de abuso sexual agravado, tentativa de abuso sexual agravado, abuso sexual agravado y corrupción de menores. El jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años. Finalizado el primer juicio, comenzó la segunda causa donde se juzga a las personas sospechadas de ser cómplices de los curas para que pudieran cometer esos delitos. Se trata de un juicio que en 2021 sumó 100 audiencias y se espera que en 2022 haya una resolución.
El penúltimo día del año 2021, el Tribunal Penal Colegiado Número 2 decidió rechazar un nuevo pedido de libertad de la defensa de la monja Kosaka Kumiko,quien está acusada de ser partícipe primaria por omisión y además de delitos de abusosexual agravado y corrupción de menores. Desde el año pasado, la defensa de la religiosa ha hechos reiterados pedidos sobre su libertad ya que está en prisión domiciliara desde 2017 (la prisión preventiva no puede durar más de dos años sin que se haya dictado sentencia) pero no se la han concedido por considerar que su detención es por distintas causas y algunas comenzaron hace menos de dos años.
Además de Kosaka, están imputadas la monja Asunción Martínez, ex la representante legal Graciela Pascual, las exdirectoras Gladys Pinacca , Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán , la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz. Todas están acusadas como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión.
El colectivo de sobrevivientes del Próvolo ha pedido que el Poder Judicial facilite intérpretes y asistencia a las víctimas en este segundo juicio. Fuente: MDZ
