En Bahía Blanca
Fallo histórico : ordenan a un casino pagar más de $22 millones a un apostador al que le negaron el premio por un "error del sistema"
La justicia civil desestimó el argumento de la sala de juegos, que alegaba una falla técnica en la máquina tragamonedas, y determinó que el riesgo operativo debe ser asumido por la empresa. Además del monto actualizado, la firma deberá indemnizar al cliente con más de $9 millones por daño moral y punitivo tras prohibirle el ingreso como represalia.
Un fallo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca sentó un precedente clave para los derechos de los consumidores en el sector del entretenimiento y los juegos de azar. La resolución judicial ordenó a una sala de casino abonar la totalidad de un premio millonario obtenido en una máquina tragamonedas, más actualizaciones e indemnizaciones, luego de que el establecimiento se negara a pagar el comprobante alegando un supuesto fallo técnico.
El hecho ocurrió a mediados de 2022, cuando un cliente habitual logró una combinación ganadora que generó la impresión automática de un ticket por $22.898.627,85, junto a otro comprobante de menor valor. Al intentar cobrarlo, la dirección del local rechazó la validez de la jugada aduciendo que la terminal tenía un límite de premio de $125.000 y que la cifra emitida correspondía a un error informático. Tras ofrecerle una suma muy inferior, la empresa procedió a prohibirle la entrada al recinto.
Ante esta situación, el afectado inició una demanda amparada en la Ley de Defensa del Consumidor. Durante el juicio, la magistratura determinó que la empresa no logró probar fehacientemente la falla técnica y remarcó que cualquier inconsistencia o riesgo en el funcionamiento de los dispositivos debe ser asumido íntegramente por el proveedor del servicio y no por el usuario.
El detalle de la condena e indemnizaciones
La sentencia de primera instancia estableció que la firma deberá abonar:
El premio original de $22.898.627,85, ajustado por inflación desde agosto de 2022 hasta el momento de su cobro efectivo, sumado a los intereses acumulados.
$5.000.000 por daño moral, en razón del destrato y las afectaciones sufridas por el cliente durante el reclamo.
$4.300.000 en concepto de daño punitivo, al considerar la prohibición de ingreso como una medida represiva, arbitraria y discriminatoria.
Asimismo, la justicia dispuso que la empresa deberá realizar un depósito previo por el monto total de la condena como requisito obligatorio para poder tramitar cualquier recurso de apelación ante instancias superiores. Con esta resolución, la jurisprudencia reafirma el principio de responsabilidad objetiva de las empresas de entretenimiento sobre el equipamiento tecnológico que ponen a disposición del público.
