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Extorsión y estafa virtual

Creyó que chateaba con una joven pero estaba cayendo en una estafa

Acosado por los falsos funcionarios judiciales que lograron sacarle más de $ 1 millón, el damnificado acudió a la justicia con una denuncia contra los falsos judiciales.

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Creyó que chateaba con una joven pero estaba cayendo en una estafa

Un hombre de Santiago del Estero denunció haber sido víctima de una maniobra de extorsión y estafa virtual mediante la cual delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios judiciales lograron obtener más de un millón de pesos. Los sospechosos lo amenazaron con una supuesta orden de detención por haber intercambiado fotografías íntimas con una adolescente de 17 años y le exigieron transferencias de dinero para evitar consecuencias penales y la difusión pública del episodio.

La denuncia fue presentada por el abogado Ángel Sández, quien explicó que los responsables de la maniobra utilizaron llamadas telefónicas, más de 30 mensajes de WhatsApp y hasta una portada falsificada del diario Clarín para intimidar a su cliente.

El caso quedó bajo investigación judicial, con especial atención sobre las transferencias realizadas a través de billeteras virtuales, que podrían permitir identificar a los destinatarios del dinero.

De acuerdo con la presentación, todo comenzó el 12 de octubre, cuando el damnificado conoció a una mujer mediante Facebook. Después de mantener una conversación, ambos comenzaron a intercambiar fotografías y videos de contenido sexual, convencido el hombre de que se trataba de una relación virtual consentida.

Sin embargo, aproximadamente dos horas después de enviar la última imagen, recibió una llamada que cambió por completo la situación.

Su interlocutor se identificó con el apellido Garay y aseguró trabajar en la Fiscalía N° 3 de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

El desconocido le comunicó que la persona con la que había intercambiado material íntimo era supuestamente una menor de 17 años y que existía una denuncia penal en su contra.

También afirmó que una jueza estaba a punto de ordenar su detención, aunque le ofreció una alternativa para evitarla: pagar una presunta multa de $ 650.000.

Atemorizado por la posibilidad de terminar detenido y por las consecuencias personales que podría provocar una acusación de esa naturaleza, el santiagueño aceptó realizar el pago sin comprobar la autenticidad del llamado.

Los estafadores le indicaron que debía transferir el dinero a una cuenta vinculada con una persona identificada como Poblete Amaya.

El hombre cumplió con la exigencia, pero apenas cinco minutos después recibió una nueva comunicación en la que le reclamaron otra suma, esta vez bajo el argumento de que debía afrontar gastos administrativos relacionados con el supuesto trámite judicial.

Las exigencias continuaron y los delincuentes incorporaron nuevas amenazas para aumentar la presión sobre la víctima.

En una de las comunicaciones aseguraron que la adolescente había intentado quitarse la vida como consecuencia de lo ocurrido, una afirmación utilizada para profundizar el temor del damnificado y justificar nuevos pedidos de dinero.

La maniobra incluyó además la elaboración de una portada falsa del diario Clarín, en la que aparecía una fotografía del hombre obtenida de su perfil de Facebook.

Los responsables del engaño incorporaron su imagen a una supuesta noticia sobre un escándalo sexual con una menor de edad, con el propósito de convencerlo de que el episodio ya había adquirido trascendencia pública.

El material manipulado buscaba reforzar la amenaza de exposición social y generar la impresión de que las consecuencias del caso eran inevitables si no continuaba pagando.

Según la denuncia, el hombre llegó a transferir más de un millón de pesos antes de advertir que podía estar frente a una organización dedicada a cometer estafas mediante amenazas.

Finalmente decidió interrumpir los pagos y bloquear los contactos de WhatsApp vinculados con Garay y Poblete Amaya.

Sin embargo, continuó preocupado por la posibilidad de que existiera una investigación penal real y de que se concretara la detención anunciada por los desconocidos.

Unas diez horas después de que cesaran las comunicaciones, su abogado formalizó la denuncia judicial.

Sández sostuvo que su cliente había sido víctima de una estafa informática acompañada de amenazas extorsivas, ejecutada mediante la utilización de identidades y funciones judiciales presuntamente falsas.

La investigación apunta ahora a establecer quiénes se encontraban detrás de las comunicaciones y qué personas recibieron las transferencias realizadas por el damnificado.

Aunque los nombres utilizados por los sospechosos podrían ser ficticios, los movimientos de dinero representan una posible vía para avanzar en su identificación.

Los investigadores consideran que las operaciones efectuadas mediante billeteras virtuales pueden aportar información relevante, ya que las plataformas conservan registros de las transferencias y de las cuentas que intervienen en ellas.

Entre los datos que podrían requerirse judicialmente se encuentran la identificación fiscal de los titulares, los comprobantes de las operaciones, el origen de los fondos y los movimientos posteriores del dinero.

Los proveedores de servicios de pago se encuentran sujetos a regulaciones del Banco Central de la República Argentina y deben conservar información sobre las transacciones, que puede ser solicitada por las autoridades competentes en el marco de una investigación.

Esta documentación podría permitir reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si fueron transferidos a otras cuentas después de ser recibidos.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la identificación efectiva de los responsables.

La Justicia deberá establecer si las cuentas utilizadas pertenecen a quienes realizaron las amenazas o si fueron empleadas por terceros para recibir y movilizar el dinero obtenido mediante el engaño.

El caso expone una modalidad delictiva en la que los estafadores recurren a supuestas investigaciones penales, amenazas de detención y material periodístico falsificado para obtener dinero de personas que temen quedar involucradas en situaciones de contenido sexual.

En este episodio, la combinación de una identidad judicial falsa, comunicaciones insistentes y una amenaza de exposición pública permitió que los delincuentes consiguieran transferencias superiores al millón de pesos antes de que la víctima recurriera a la Justicia.

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