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Del chantaje económico a la difusión masiva

Acoso, extorsión digital y traslados: la denuncia de una policía contra su expareja abogado

Una agente de la Policía de San Luis de 25 años denunció penalmente a su expareja —un abogado y exefectivo de la misma fuerza de 42 años— por presuntas amenazas, hostigamiento, extorsión económica y la difusión sin consentimiento de fotografías íntimas.

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Pornoextorsión, Del chantaje económico a la difusión masiva

El material, enviado a jefes policiales, gabinetes psicológicos y grupos institucionales de WhatsApp, desencadenó un proceso judicial en el fuero penal de género y una serie de decisiones administrativas que la víctima señala como una forma de castigo e invisibilización.

La denunciante, identificada como Noelia Daiana Durán Rosales, señaló directamente a Ezequiel Roberto Domínguez como el responsable de la maniobra extorsiva y de la posterior viralización de los archivos. Por su parte, el acusado, a través de su representación técnica, negó de manera categórica las imputaciones y sostuvo no haber tenido acceso al material.

Del chantaje económico a la difusión masiva

De acuerdo con el testimonio brindado por Durán Rosales ante la Comisaría Tercera de San Luis y ratificado en la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 —con competencia en contexto de género—, el acoso comenzó en julio de 2024, semanas después de poner fin a una relación sentimental de cinco años. La ruptura se produjo luego de que la joven descubriera en un ordenador personal de Domínguez material audiovisual íntimo perteneciente a otra mujer sin su evidente consentimiento.

A partir de la separación, la joven comenzó a recibir mensajes desde números telefónicos con identidad oculta o desconocida. En ellos le exigían sumas de dinero a cambio de no hacer públicas fotografías de carácter privado que ella le había enviado a Domínguez de manera estrictamente confidencial durante el noviazgo.

Ante la negativa de ceder al chantaje, las imágenes fueron remitidas directamente a las autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), organismo donde la denunciante se desempeñaba como instructora. El material no solo llegó a los despachos de sus superiores directos y del gabinete psicológico de la institución, sino que fue difundido de forma sistemática en grupos de WhatsApp integrados por efectivos policiales en actividad.

La respuesta institucional: cuatro traslados en un mes

A la violencia digital sufrida se le sumó el impacto en su carrera profesional. Pese a ser la víctima del delito, Durán Rosales fue objeto de cuatro traslados de dependencia en el lapso de 30 días, finalizando asignada a un puesto operativo en las afueras de la ciudad de San Luis. La medida le generó perjuicios económicos adicionales en materia de transporte y alteraciones severas en sus rutinas diarias, afectando además el cursado de la carrera de Abogacía.

“Disciplinariamente no hay nada que a mí me puedan reprochar. Las imágenes no tienen ninguna relación con mi desempeño profesional. Siento que me quieren invisibilizar”, expresó la agente.

La investigación judicial otorgó a la víctima una medida cautelar de restricción de acercamiento por seis meses en contra de Domínguez. Sin embargo, Durán Rosales amplió la denuncia señalando que el acusado habría intentado vulnerar la orden judicial mediante llamadas con número privado y mensajes indirectos a través de personas allegadas para forzar un contacto.

La contraestrategia de la defensa: la hipótesis del perfil externo

La defensa técnica de Ezequiel Domínguez, encabezada por el abogado Federico Farías, rechazó la totalidad de los cargos. El letrado aseguró que su cliente jamás tuvo en su poder el material difundido ni ingresó a chats institucionales con identidades falsas para distribuirlo.

Como contraofensiva, la defensa introdujo en el expediente la existencia de una presunta cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, supuestamente creada en 2023 y asociada a la denunciante. Según la postura de Farías, las fotografías habrían sido tomadas por un fotógrafo profesional local y comercializadas en dicha red social. La defensa solicitó a la Fiscalía que dicte oficios a la plataforma internacional para determinar quién registró la cuenta y qué medios de cobro se utilizaron, sugiriendo que la denuncia penal buscaría despegar a la agente de posibles sanciones reglamentarias dentro de la fuerza policial.

Durán Rosales desmintió terminantemente dicha hipótesis. Afirmó que la cuenta es apócrifa, que la imagen de portada utilizada en ese perfil falso fue extraída de sus redes sociales públicas y que forma parte de la misma campaña de desprestigio e intimidación.

peritajes informáticos y avance de la causa

El expediente se encuentra pendiente de los resultados de las pericias informáticas y forenses sobre las líneas telefónicas, IP de conexión y archivos digitales involucrados. Estos peritajes resultarán determinantes para establecer la trazabilidad de los mensajes extorsivos, la creación de la cuenta apócrifa y la identidad real de quien distribuyó las imágenes.

En paralelo, la defensa de Domínguez radicó una denuncia por presunta retención indebida de bienes contra la mujer policía, vinculada a muebles y enseres adquiridos durante la convivencia. La agente sostuvo que dichos elementos fueron comprados de mutuo acuerdo para un proyecto familiar frustrado.

Mientras aguarda el avance de la causa judicial, Durán Rosales reafirmó su decisión de continuar dentro de la fuerza de seguridad y avanzar en sus estudios universitarios: “Lo único que quiero es que la Justicia actúe, que me dejen en paz y poder seguir con mi vida”.

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