Preocupante retroceso institucional: dos decisiones judiciales que consolidan el avance del Ejecutivo sin control
Desde el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical manifestamos nuestra seria preocupación por los recientes fallos de la Corte de Justicia de Catamarca, que desestimaron dos acciones de amparo de altísimo impacto institucional: una contra la designación del Defensor del Pueblo, y otra contra el decreto que modificó el régimen de aportes a la OSEP sin ley previa.
En ambos casos, se puso en evidencia un patrón preocupante: la validación de actos del Poder Ejecutivo que exceden sus competencias constitucionales y alteran el principio de división de poderes, sin control judicial efectivo.
En el caso del Defensor del Pueblo, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que modificó el procedimiento legal vigente y designó en comisión a un exministro del propio gobierno, antes de que la norma que habilitaba esa designación estuviera vigente.
La propia Corte reconoció que esto plantea serias objeciones constitucionales, pero aun así rechazó el amparo por razones de “admisibilidad”, evitando pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Esto implica un serio debilitamiento del control judicial sobre actos del Ejecutivo que afectan el equilibrio republicano.
En el segundo caso, el decreto que modifica el régimen de aportes a la OSEP fue dictado durante el receso legislativo y sin ley formal que lo habilite, afectando directamente el ingreso de miles de trabajadores públicos.
El voto en disidencia del Dr. Figueroa Vicario advirtió con claridad que dicho decreto vulnera el principio de legalidad, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el carácter alimentario de los salarios.
Pese a ello, la mayoría del tribunal optó por desestimar el planteo también por supuestos requisitos formales, ignorando el mandato constitucional de proteger con especial énfasis los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables.
La contradicción es evidente: en un fallo reciente sobre los ingresos de profesionales de la salud, la misma Corte sí declaró inconstitucional un decreto del Ejecutivo por similares motivos, lo cual deja en evidencia un tratamiento desigual frente a derechos equivalentes.
Desde nuestro bloque ratificamos que el principio de legalidad, el control judicial efectivo y la defensa del salario como bien jurídicamente protegido son pilares básicos del sistema democrático. Cuando el Poder Ejecutivo legisla por decreto, recorta derechos o altera procedimientos legales sin control parlamentario ni revisión judicial, se está debilitando gravemente el Estado de Derecho.
Por ello exigimos:
•La inmediata revisión de los decretos en cuestión por los canales constitucionales correspondientes.
•El restablecimiento del principio de legalidad como base de toda decisión pública.
•Y la garantía de que los derechos de los trabajadores y la institucionalidad democrática no queden sometidos a la discrecionalidad de ningún poder.
El respeto por la Constitución, las leyes y los procedimientos no puede ser selectivo. El control judicial debe ejercerse siempre que estén en juego derechos fundamentales y el equilibrio institucional.
Bloque de Diputados Provinciales – Unión Cívica Radical
Legislatura de la Provincia de Catamarca
