Milei echó al personal civil por sospechas de espionaje y los reemplaza por militares

Una profunda reestructuración sacudió en las últimas 48 horas las entrañas de la Residencia Presidencial de Olivos. El presidente Javier Milei dispuso la disolución de la Administración General del predio, la remoción inmediata de 12 empleados civiles del área de cocina, maestranza y servicios, y la transferencia total del control operativo y de mantenimiento a las Fuerzas Armadas bajo la órbita de la Casa Militar.

La drástica decisión, que derivó en la intervención directa de efectivos militares desempeñando tareas de mozos, cocineros y limpieza, se ejecutó tras un clima de creciente paranoia institucional alimentado por acusaciones de espionaje interno, filtración de información reservada y presuntas anomalías en la custodia de insumos del Jefe de Estado.

La trama secreta: sospechas de infiltración, comida "probada" y el rol de Mario Suli

Fuentes con acceso directo al entorno de la residencia presidencial revelaron que la detonación del conflicto responde a alertas internas que escalaron hasta el despacho presidencial. En el centro de las versiones se ubica Mario Suli, una de las figuras de mayor confianza e influencia en la cotidianeidad del Presidente desde su vinculación dentro del movimiento ortodoxo Jabad Lubavitch.

Según indicaron fuentes gubernamentales a la prensa, Suli —quien no ostenta un cargo operativo formal pero actúa como un escolta e interlocutor permanente del mandatario— habría advertido a Milei sobre el riesgo de filtraciones periodísticas provenientes del personal de servicio, así como de presuntos faltantes en la provisión de alimentos.

La desconfianza llegó a niveles inéditos en la historia reciente de la residencia: allegados al mandatario señalaron que el propio Suli llegó a supervisar de manera personal la preparación e integridad de los platos servidos al mandatario antes de que llegaran a la mesa.

El esquema de despidos y reubicaciones se aceleró tras la remoción del intendente civil de la quinta, Osvaldo Sosa, efectuada hace dos semanas. Su reemplazo ya fue formalizado en la figura de un teniente del Ejército Argentino, marcando el inicio de la militarización integral del predio. De los trabajadores afectados, 12 fueron cesanteados bajo bajo sospecha de infidencia, mientras que los restantes serán derivados a la Casa Rosada.

La versión oficial: la Casa Militar al frente y la justificación de la visita papal

Tras la trascendencia de los hechos, el Gobierno emitió un comunicado oficial a través de la Vocería Presidencial para encuadrar la reestructuración bajo criterios estrictamente técnicos y de seguridad exterior, omitiendo las acusaciones de espionaje.

El comunicado informó que la Casa Militar asumirá la "responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia". Según el texto oficial, el proceso de transferencia se completará en un plazo máximo de 60 días. El Poder Ejecutivo argumentó la medida sobre eficiencia y seguridad y logística por la visita del Papa León XIV.

Finalmente, el Gobierno justificó el cese de los empleados civiles al sostener que la disolución de la estructura administrativa histórica de Olivos permitirá "reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece", concentrando bajo un mando militar único las áreas de seguridad, administración y mantenimiento del predio presidencial.