La pesadilla que vivieron Florencia Peña y su hijo Juan Otero

Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) los detalles de un delicado episodio delictivo que tuvo como víctimas a Florencia Peña y a su hijo, Juan Otero. El joven, que en aquel momento tenía 14 años, sufrió amenazas y extorsiones por parte de una de sus mejores amigas y el entorno familiar de la misma.

El origen del conflicto se remonta a unos años atrás, cuando la actriz se instaló con su familia en el barrio cerrado Los Puentes, ubicado en Pilar. En ese contexto, su hijo hizo vínculo con una adolescente del lugar, identificada como Candela, quien tenía entre 17 y 18 años.

La situación comenzó con irregularidades menores que inicialmente no despertaron mayores sospechas. La familia empezó a notar la desaparición progresiva de objetos cotidianos, prendas de vestir y adornos, una modalidad que en el programa catalogaron como "micro robos".

El escenario escaló de manera alarmante cuando Florencia Peña recibió el resumen mensual de su tarjeta de crédito. La conductora detectó múltiples gastos elevados y no autorizados realizados a través de una aplicación de compras. Los insumos incluían desde ropa hasta artículos de bazar.

Amenazas, silencio y la intervención judicial

El constante aumento de los gastos obligó a Florencia a investigar, lo que derivó en la confesión de Juan Otero, quien reveló que las compras eran efectuadas por Candela y su madre, Luján Muñoz, quienes habían copiado los datos de las tarjetas.

El motivo por el cual el joven había mantenido el silencio radicaba en una extorsión directa: ambas mujeres lo tenían amenazado con revelar supuestas cuestiones de índole privada en los medios de comunicación si él las delataba o si no accedía a entregarles sumas de dinero, las cuales rondaban los 500 dólares.

Frente a la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de su hijo, Peña intentó contactar a la familia acusada, conocida en el barrio como la familia Ardiles, topándose con la evasiva y la complicidad de la madre de la menor. Ante esto, la actriz decidió recurrir al abogado Fernando Burlando para formalizar una denuncia penal.

El caso tomó un giro definitivo cuando la actriz comenzó a recibir amenazas diarias a través de cuentas anónimas en redes sociales, perfiles creados por personas que conocían a la perfección la cotidianidad de su hogar. La intervención de la división de cibercrimen permitió rastrear las direcciones IP de los dispositivos utilizados para el hostigamiento digital, confirmando que las conexiones provenían directamente del domicilio de la familia investigada en Pilar. El extenso proceso legal derivó recientemente en una condena judicial.