La droga hace estragos entre los jóvenes salteños

La venta y el consumo de estupefacientes volvieron a instalarse como una de las principales preocupaciones en San José de Metán, donde vecinos de distintos barrios denunciaron la persistencia de bocas de expendio, el incremento de jóvenes con consumos problemáticos y una seguidilla de hechos delictivos vinculados a las adicciones. En ese contexto, residentes reclamaron una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y advirtieron sobre la necesidad de reforzar las políticas de prevención y asistencia.

En los últimos días, la polémica resurgió luego de que varios jóvenes con problemas de consumo fueran encontrados en la vía pública, una situación que, según los habitantes de la ciudad, se repite con frecuencia y refleja el agravamiento del problema.

Las denuncias provienen principalmente de vecinos de los barrios Los Laureles, Nuevo Hogar, Villa San José y Diógenes Zapata, quienes sostienen que en esos sectores continúan operando presuntos vendedores de droga y puntos de comercialización que, aseguran, siguen funcionando pese a haber sido allanados anteriormente por la Policía con autorización judicial.

A esa situación se suma el impacto que las adicciones generan en numerosas familias. Residentes señalaron que varios jóvenes recurren a robos para conseguir dinero o intercambiar objetos de valor por estupefacientes.

Uno de los testimonios difundidos corresponde al padre de un joven con consumo problemático, quien relató que su hijo trabaja, pero atraviesa recaídas pese a los tratamientos realizados con profesionales. El hombre aseguró que en el barrio Los Laureles existen personas dedicadas a la venta de drogas desde hace tiempo y afirmó que algunos de esos lugares ya fueron allanados sin que cesara la actividad. También indicó que un grupo de padres analiza realizar medidas de protesta contra quienes consideran responsables de comercializar estupefacientes.

Frente a este escenario, vecinos de Metán reiteraron el pedido para que las fuerzas de seguridad profundicen las investigaciones destinadas a identificar y detener a quienes abastecen de droga a la ciudad. Asimismo, insistieron en la necesidad de una presencia permanente de Gendarmería Nacional.

La problemática también alcanzó a numerosas familias que, según trascendió, llegaron incluso a denunciar a sus propios hijos luego de sufrir robos de pertenencias destinados a financiar el consumo de drogas. En algunos casos, además, los padres manifestaron haber recibido amenazas de muerte.

Las estadísticas oficiales reflejan la intensidad de la actividad policial durante este año. Entre enero y septiembre, la División Investigación Narcocriminal de Metán, dependiente del Departamento de Operaciones Zona Sur de Drogas Peligrosas, realizó 149 procedimientos en la vía pública y 29 allanamientos tanto en Metán como en El Galpón.

Como resultado de esos operativos fueron demoradas más de 120 personas y 35 quedaron detenidas. De manera extraoficial trascendió que también se secuestraron miles de dosis de pasta base, cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Sin embargo, vecinos señalaron que algunos de los acusados por comercializar estupefacientes son reincidentes y que varios recuperaron la libertad tras recibir prisión domiciliaria o condenas de ejecución condicional inferiores a tres años mediante juicios abreviados. Incluso, indicaron que hubo procedimientos en los que la propia Policía constató que algunos investigados continuaban con la venta de drogas.

En relación con esta problemática, el asesor de Menores e Incapaces N° 1 de Metán, Fernando López Saravia Toledo, sostuvo que el abordaje de las adicciones requiere una respuesta articulada entre distintas instituciones y actores sociales.

El funcionario explicó que el consumo problemático, las restricciones a la capacidad jurídica y las internaciones involuntarias constituyen cuestiones diferentes desde el punto de vista legal. En ese sentido, recordó que el consumo de drogas no convierte automáticamente a una persona en incapaz y señaló que el artículo 32 del Código Civil y Comercial contempla restricciones judiciales únicamente en casos de adicciones graves que pongan en riesgo a la persona o a su patrimonio, siempre mediante un proceso judicial y con decisión de un juez.

Asimismo, indicó que una persona encontrada consumiendo drogas en la vía pública no puede ser internada compulsivamente si no existe un riesgo inminente, sino que el Estado debe ofrecer asistencia sanitaria y social respetando su autonomía.

López Saravia Toledo también advirtió sobre las limitaciones estructurales del sistema de salud mental al señalar que uno de los principales problemas es la escasa inversión en centros de rehabilitación, casas de medio camino e instituciones especializadas para el tratamiento de personas con adicciones.

En paralelo, y ante la creciente preocupación social, la responsable del Centro de Escucha, Atención y Tratamiento (CEAT), Carla Romeri, anunció la convocatoria a una reunión multisectorial en el barrio Granadero Díaz con el objetivo de analizar alternativas y coordinar acciones que permitan enfrentar de manera urgente la problemática del consumo y la comercialización de estupefacientes en Metán.