El sistema universitario prepara una nueva marcha federal para octubre ante el congelamiento de fondos y el atraso salarial

El frente interclaustro que reúne a rectores, decanos, sindicatos docentes, personal no docente y agrupaciones estudiantiles de todo el país ratificó la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para el mes de octubre. La medida responde a la paralización de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la administración nacional encabezada por Javier Milei.

La confirmación se dio en el marco de conferencias de prensa coordinadas en distintas casas de altos estudios del país y respaldadas por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los voceros del sistema público advirtieron que las instituciones atravesaron un proceso acelerado de asfixia presupuestaria que amenaza la sostenibilidad de las cursadas, el mantenimiento edilicio y los programas esenciales de bienestar estudiantil.

El detonante: promesas incumplidas en los gastos de funcionamiento

El eje central del nuevo plan de lucha radica en la falta de ejecución de los acuerdos presupuestarios alcanzados a mediados de año. Según explicaron las autoridades universitarias, en junio la Nación se había comprometido a aplicar una actualización del 20% sobre las partidas para gastos operativos. Dichos fondos están destinados a cubrir los servicios básicos de luz, agua, gas, conectividad y limpieza en las facultades, pero también a sostener las becas de salud, comederos y albergues universitarios.

A mediados de septiembre, los montos correspondientes a esa actualización no fueron transferidos a las arcas de las universidades públicas.

El rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Sergio Katogui, detalló el impacto directo de esta parálisis en la vida académica diaria: "Sabemos que ese 20% sigue siendo insuficiente para compensar la inflación acumulada, pero al menos representaba un alivio para mantener las puertas abiertas. Al no concretarse, nos vemos obligados a recortar programas de becas y reducir la asistencia en albergues".

Katogui remarcó que la contracción de las políticas de bienestar estudiantil condiciona de manera directa la permanencia de los alumnos dentro del sistema: "Aquel estudiante que contaba con estas becas para sostenerse hoy debe buscar un trabajo de manera intempestiva o directamente abandonar la carrera. La dilatación en la terminalidad de los estudios es un indicador alarmante para el futuro del país".

La brecha salarial y el reclamo legal

A la problemática de los costos operativos se suma la paritaria del sector docente y no docente. Desde el frente sindical señalan que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios respecto de los niveles de noviembre de 2023 no ha sido compensada, contraviniendo los parámetros fijados por la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional y ratificada en instancias de la Justicia federal.

Por su parte, Horacio Simes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM, enfatizó el carácter inédito del conflicto en el plano institucional: "Llevamos un largo período de reclamos sistemáticos ante la falta de comprensión sobre el rol estratégico de la educación superior y el sistema científico tecnológico. El 80% de los estudiantes universitarios de la Argentina se forman en la universidad pública".

"Resulta insólito que tengamos que salir a las calles a pedir el cumplimiento de una ley nacional que ya fue debatida, aprobada y ratificada por las instituciones de la República. Lo que está en juego en esta nueva marcha es la continuidad misma del modelo universitario argentino", concluyó Simes.

La fecha exacta de la movilización de octubre será definida en las próximas horas por la mesa nacional de coordinación del CIN junto a las federaciones gremiales (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN) y las representaciones estudiantiles de todo el país.