El Senado aprobó la ley de "Inocencia Fiscal II"

En un debate cruento de 40 minutos en el recinto, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y sus bloques aliados en el Senado de la Nación lograron la sanción definitiva de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II. La norma, que modifica los topes de ingresos y facilita el ingreso al régimen de excepción tributaria y exteriorización de activos, se aprobó por 44 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones.

El eje central de la controversia política se detonó minutos antes de la votación formal, cuando la bancada libertaria se negó rotundamente a aceptar modificaciones en el articulado para prohibir explícitamente que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) —funcionarios, dirigentes políticos y sus familiares directos— puedan acogerse a los beneficios fiscales.

El nudo de la discordia: el rechazo a la cláusula anti-PEP

Durante la discusión del dictamen proveniente de la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada de Justicia Social Federal, Fernando Salino, formuló la propuesta concreta en el recinto:

"Propongo formalmente que los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y los PEP, así como cónyuges, ascendientes y descendientes en segundo grado, queden expresamente excluidos de los beneficios de esta ley."

La moción fue sepultada de inmediato por el senador libertario Bruno Olivera, quien ofició como miembro informante del oficialismo: "No se aceptan modificaciones", ratificó desde su banca, blindando el texto tal como llegó del Poder Ejecutivo y garantizando su conversión en ley sin tener que regresar a la Cámara Baja.

Esta posición intransigente desató una dura embestida del peronismo. El titular del bloque Justicialista, José Mayans, denunció que la iniciativa oculta un traje a medida para altos mandos de la administración central e integrantes del oficialismo investigados por la Justicia penal tributaria y patrimonial.

"Esta ley es para los funcionarios, para los que evadieron, para el narcotráfico y para los dirigentes investigados. Es una amnistía hecha a la medida del poder de turno", arremetió Mayans durante su intervención.

Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal II

La nueva legislación reconfigura de manera sustancial los márgenes de fiscalización del organismo recaudador y flexibiliza las condiciones del esquema sancionado a fines del año pasado:

• Eliminación de techos patrimoniales: Se suprimen los topes de ingresos ($1.000 millones) y de patrimonio ($10.000 millones) que limitaban el acceso a las presunciones de inocencia tributaria.

• Criterios de discrepancia fiscal: Se fijan nuevos umbrales para determinar cuándo existe una "inconsistencia significativa" entre las declaraciones juradas del contribuyente y la información sistémica de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

• Efecto penal tributario: Facilita el cierre de expedientes administrativos y la suspensión de acciones penales por presunta omisión de impuestos para quienes se adecuen al régimen.

Respaldo oficialista y narrativa gubernamental

A pesar de las duras objeciones de la oposición sobre el alcance para los funcionarios públicos, el oficialismo contó con el respaldo orgánico del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y monobloques provinciales para asegurar los 44 votos afirmativos.

Desde las filas del Poder Ejecutivo y sus voceros parlamentarios argumentaron que la ley busca terminar con la "persecución fiscal" implementada durante gestiones anteriores y dinamizar los fondos no declarados en el circuito económico productivo. La narrativa gubernamental sostiene que la fiscalización severa del pasado incentivó la informalidad y la fuga de capitales fuera del sistema bancario tradicional.

Con la sanción aprobada en el recinto, el Poder Ejecutivo nacional promulgará la ley en las próximas horas para su posterior reglamentación por parte del Ministerio de Economía y los organismos de contralor fiscal.