Corrupción en Discapacidad
Procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y cobro de sobornos
El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
Según el fallo, Spagnuolo fue uno de los presuntos jefes de una organización criminal que habría cooptado el funcionamiento de la ANDIS con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de licitaciones direccionadas, cobro de sobornos y sobreprecios en contrataciones públicas.
Una red con funcionarios y operadores externos
Junto a Spagnuolo, Casanello también procesó como organizadores de la asociación ilícita a Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo; Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, dos empresarios vinculados a droguerías y con antecedentes de participación en distintas gestiones políticas.
De acuerdo con la investigación judicial, Calvete y Atchabahian controlaban la ANDIS desde afuera, en coordinación directa con las autoridades formales del organismo. La causa sostiene que, a través de este entramado, se manipularon procesos licitatorios y se impusieron precios artificialmente inflados, en perjuicio del Estado.
En total, 19 personas fueron procesadas, entre exfuncionarios, empleados de la Agencia y privados que habrían cumplido distintos roles dentro de la estructura delictiva.
“Un entramado de corrupción institucional”
En su resolución, Casanello fue contundente al describir el esquema investigado. Señaló que durante los primeros meses de la administración libertaria se montó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
El magistrado afirmó que funcionarios de máxima jerarquía y operadores externos actuaron de manera coordinada, en contra del interés público y a favor de negocios privados ilícitos.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, sostiene el fallo.
