El Presidente Milei quiere eliminar las PASO pero necesitará el apoyo de varios gobernadores para conseguirlo

El Gobierno nacional mantiene su interés en eliminar de manera definitiva las PASO, pero para convertir esa intención en ley necesita algo que hoy no tiene garantizado: los votos en el Congreso. Por eso, más allá de la decisión política de Javier Milei, el futuro de esa reforma depende en gran parte de la negociación con los gobernadores y también de la posición que terminen adoptando bloques como el PRO, que por ahora no tiene una postura cerrada.

Hoy la situación legal es concreta: las PASO no fueron derogadas, sino suspendidas solo para el proceso electoral de 2025. Eso quedó establecido en la Ley 27.783, por lo que, si el Congreso no vuelve a modificar la normativa, las primarias siguen vigentes para las elecciones nacionales de 2027. Es decir: la discusión no está saldada, sino postergada.

Para avanzar con una eliminación definitiva, el oficialismo debe aprobar una ley electoral, y eso exige una mayoría más exigente que una ley común: necesita mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Traducido a números concretos, eso significa 129 votos en Diputados y 37 votos en el Senado. Son cifras altas para un oficialismo que, por sí solo, está lejos de alcanzar esos números y que necesita construir acuerdos amplios para cualquier reforma de fondo.

Ahí es donde entran los gobernadores. Aunque la ley se vote formalmente en el Congreso, buena parte de los diputados y senadores que pueden inclinar la balanza responden política o territorialmente a los mandatarios provinciales. En un Parlamento fragmentado, con bloques chicos y alianzas variables, los gobernadores conservan una herramienta de presión decisiva: ordenan bancadas, condicionan apoyos y negocian en función de intereses provinciales y electorales. Por eso, la reforma no depende solo de la Casa Rosada, sino también del mapa federal del poder.

La discusión no es solo institucional. Las PASO fueron pensadas como un mecanismo para abrir y ordenar la selección de candidaturas dentro de los partidos y alianzas. Si desaparecen, ese proceso vuelve a quedar más concentrado en las conducciones partidarias, en las mesas de negociación y en los armadores territoriales. En la práctica, eso implica que los gobernadores podrían recuperar todavía más influencia sobre el armado de listas y las candidaturas nacionales y provinciales.

No todos los gobernadores, sin embargo, miran el tema del mismo modo. Algunos consideran que las PASO sirven para canalizar internas sin romper coaliciones, especialmente en espacios heterogéneos. Otros, en cambio, creen que se trata de una instancia costosa, desgastante y poco útil, y prefieren conservar mayor control sobre la definición de candidatos. Esa diferencia de intereses explica por qué el Gobierno no puede dar por descontado ningún respaldo y por qué la discusión todavía está abierta.

En ese escenario también aparece un actor relevante: el PRO. Dentro del partido amarillo no hay una posición unificada sobre la eliminación de las PASO. Mientras algunos dirigentes cercanos al oficialismo ven con buenos ojos revisar o incluso suprimir el sistema, otros plantean que quitar las primarias sin ofrecer un mecanismo alternativo para resolver candidaturas puede generar más problemas de los que resuelve. Por eso, hoy el PRO no aparece alineado en bloque detrás de una reforma total, sino en un proceso de discusión interna sobre qué conviene hacer frente al nuevo intento del Gobierno.

La Casa Rosada, de hecho, ya dio señales de que todavía no tiene cerrado el camino legislativo. Por eso decidió postergar el envío del proyecto integral de reforma política mientras mide apoyos, toma temperatura en los bloques aliados y analiza hasta dónde puede avanzar sin sufrir una derrota parlamentaria. En otras palabras: el Gobierno quiere ir por la eliminación de las PASO, pero antes necesita saber si tiene con qué hacerlo.

En definitiva, la discusión sobre las PASO no se limita a una cuestión de calendario electoral o de ahorro de recursos. También pone en juego quién define las candidaturas y cuánto poder conservan o recuperan los actores territoriales. Y en esa disputa, los gobernadores vuelven a ocupar un lugar central: sin ellos, el Gobierno no llega a los votos; con ellos, la reforma puede convertirse en una posibilidad real.