Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas

El Gobierno nacional oficializó este martes la reglamentación de la Ley 23.052, introduciendo cambios profundos en el sistema de calificación de películas cinematográficas que regía desde hace más de cuatro décadas. A través del Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, se derogó el Decreto 828/84 y se disolvió la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida busca "adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas" y agilizar los procesos administrativos que, según los considerandos de la norma, generaban demoras innecesarias.

El fin de la "burocracia" en la calificación

Hasta hoy, la calificación de aptitud de un filme (ATP, +13, +16, +18) requería un dictamen obligatorio de una comisión colegiada. Con el nuevo régimen, esa responsabilidad recaerá exclusivamente en el INCAA, que asumirá la competencia técnica para definir las categorías orientativas para el público.

El decreto argumenta que la Comisión Asesora "no ha demostrado la eficiencia necesaria" y que su estructura rígida dificultaba la dinámica del sector audiovisual. A partir de ahora, el Estado mantendrá un rol "orientativo", reafirmando que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae en los padres o tutores.

Homologación automática para el cine de Hollywood

Una de las novedades más relevantes es el reconocimiento de las calificaciones extranjeras. Dado que el 65% de los estrenos en Argentina provienen de Estados Unidos, el Ejecutivo consideró un "uso innecesario de recursos" volver a calificar películas que ya fueron evaluadas por organismos internacionales estandarizados (como la MPAA).

Por ello, se admitirá la validez de las calificaciones de origen, las cuales serán homologadas automáticamente a las categorías locales. No obstante, el INCAA se reserva la facultad de modificarlas de oficio si existieran "razones de orden público".

La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 60 días corridos. NA