Es ley en Mendoza: aprobaron la sanción a padres ante casos de bullying

En Mendoza ya es ley la norma que determina sanciones a padres ante casos de acoso escolar o bullying que involucren a sus hijos. Hoy fue sancionada en la Legislatura de Mendoza luego de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. El 4 de noviembre el proyecto había recibido media sanción de la Cámara de Senadores.

La nueva norma apunta a promover la corresponsabilidad familiar en la prevención del acoso escolar, combinando sanciones con acompañamiento y formación. Lo hace a través de la incorporación de la responsabilidad parental ante casos de acoso escolar o bullying al Código Contravencional.

El proyecto incorpora al Código los artículos 100 bis, 100 ter, 100 quater, 100 quinquies y 100 sexties, que establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying. En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.

Se anticipa que será de aplicación paulatina. Busca generar conciencia y proporcionar a los padres herramientas efectivas para la crianza y la prevención: la meta es romper el ciclo de violencia desde el hogar y la familia, destacan los fundamentos

Nueva ley: un cambio de paradigma ante el bullying

La diputada Claudia Salas, de la Comisión de Cultura y Educación, dijo tras la aprobación que se trata de “cambiar un paradigma que tiene que ver con un trabajo conjunto de familia y estado”.

Refirió que implica “aplicar sanciones a los padres o tutores de los niños, niñas y adolescentes, lo que buscamos es la protección de los niños pero también las sanciones a los adultos responsables que no acompañan este proceso de sus hijos”.

Detalló que de acuerdo a la cuantía de la falta serán tareas comunitarias de hasta 30 días o multas: “Estamos hablando aproximadamente entre 600.000 y 1.260.000 pesos”, detalló la legisladora.

En situaciones de reincidencia, el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar.

La senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, y miembro informante del proyecto cuando obtuvo la media sanción se expresó en el mismo sentido: “Es parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas, que requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado”.

Qué establece la nueva ley anti-bullying

La nueva ley contempla el principio de “Protección de las víctimas”, porque al “responsabilizar a los adultos, se espera una intervención más rápida y efectiva que ponga fin a las agresiones y garantice un entorno seguro para todos los estudiantes”.

En esa línea, se considera que “la sanción del trabajo comunitario es una medida ejemplarizante que, además de penalizar, busca crear conciencia sobre el impacto negativo del bullying y fomenta la participación de los adultos en la construcción de una comunidad más segura y respetuosa. Todos los involucrados deben tomar su lugar frente a la resolución de los conflictos sociales y escolares, dado que cada uno de ellos está llamado a desempeñar un rol diferente en su resolución”.

Los nuevos artículos incorproran la “Responsabilidad parental por acoso escolar”, definiendo que “se considerará una contravención la omisión del deber de vigilancia, orientación y cuidado, por parte de los padres, tutores o cualquier persona que ejerza la responsabilidad parental o custodia, cuando un niño, niña o adolescente a su cargo cometa actos de acoso escolar denominado (bullying), causando daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el ámbito educativo o social”.

También, dispone una “instancia previa”. Si el “hecho haya sido denunciado ante las autoridades escolares o de protección de la infancia y se haya verificado la conducta del menor agresor y la falta de acción por parte de sus padres, tutores o responsables legales”, antes de la intervención judicial, “las autoridades escolares deberán aplicar el protocolo de actuación que se determine, con la participación de un equipo interdisciplinario (psicólogos, trabajadores sociales, etc.)”.

Instancias más graves

Si fracasase la instancia previa “por inasistencia de los adultos responsables o incumplimiento de los compromisos asumidos, se dará intervención al Juzgado contravencional correspondiente, remitiéndole un informe pormenorizado de la situación denunciada y verificada, las acciones realizadas y el resultado de la instancia previa”.

Asimismo, prevé sanciones a “padres, tutores, cuidadores o responsables legales”; los que “habiendo sido notificados de la conducta de acoso de su hijo/a o menor a cargo, no adopten las medidas de supervisión, educación o contención necesarias para detenerla, o que no cumplan con los compromisos de conducta asumidos”, tendrán sanciones “de trabajo comunitario por un período de cinco (5) a cincuenta (50) días”; y de acuerdo a la gravedad del hecho, el juez podrá aplicar sanción de multa de 500 UF a 5000 UF.

En tanto, la reincidencia se considerará un agravante. En esos casos, “el juez contravencional podrá duplicar la sanción de trabajo comunitario o de multa a imponer, pudiendo además, disponer la obligatoriedad de la asistencia a talleres de parentalidad o terapia familiar”. A su vez, los fondos que se recauden por las multas que pudieren corresponder, se indica que “se destinarán a un fondo provincial a la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en la Dirección General de Escuelas y también Bibliotecas Populares”.

Casos en Mendoza

El proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo provincial. El caso de la alumna de La Paz que recientemente ingresó con un arma a la escuela, disparó y mantuvo en vilo a Mendoza y al país, marcó un antes y un después. A raíz de ese episodio sin precedentes locales, el Gobierno provincial había anunciado que avanzaría en un proyecto para responsabilizar a los padres en situaciones de bullying y conductas violentas en el ámbito escolar. Si bien dijeron que ya tenían en estudio la propuesta, lo cierto es que fue tras aquel caso, y pasados pocos días, que se presentó en la Legislatura. Este lunes se conoció el caso de un chico de 15 años que se quitó la vida. Era de San Carlos y se supo luego que era víctima de acoso escolar.

El proyecto, presentado por funcionarios de la Dirección General de Escuelas (DGE), apunta a cambios normativos y a establecer un nuevo protocolo de actuación.

El concepto planteado desde el Ejecutivo es que, si bien las escuelas cumplen un rol esencial en la detección y contención de estas situaciones, la primera responsabilidad recae en las familias, que deben acompañar y orientar a sus hijos.

Según destacan, el espíritu de la ley apunta a un enfoque preventivo, educativo y restaurativo, con el propósito de involucrar activamente a las familias en la construcción de comunidades más seguras, respetuosas y solidarias.

Desde la DGE habían adelantado que la normativa aplicará en todas las escuelas primarias y secundarias cuando estudiantes que asistan a alguna de ellas, del mismo o distinto establecimiento, se vean involucrados en estas situaciones. Esto tanto dentro del edificio como afuera así como en casos producidos en entornos digitales.

Nueva normativa contra el bullying

En este proceso de cambio se incluye un Protocolo de Actuación frente a casos de bullying, que busca dar herramientas concretas a directivos, docentes y equipos técnicos.

“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, expresó el ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar García.

Es una actualización de lo ya existente y establece un paso a paso para intervenir: desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso. También incorpora criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección y, en casos extremos, a la Justicia.

“De esta manera, Mendoza contará con una herramienta integral que brinda seguridad a docentes y familias sobre cómo actuar”, remarcó la DGE.

La propuesta apunta a dar recursos para saber cómo actuar ante estas situaciones críticas, que aunque no lleguen a ese límite se presentan cada vez más en la convivencia escolar, lo que implica un enorme desafío para las comunidades escolares.

Intervención interdisciplinaria

“Es un protocolo que ha sido trabajado interdisciplinariamente por varios tipos de profesionales, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, etcétera (...) es nuevo, adecuado a las circunstancias y al contexto social actual”, destacó García Zalazar al presentar la iniciativa.

Refirió que implica convocar a reuniones y abordajes a los padres de víctima y victimario. Cuando estas instancias no dan su fruto, se pasa a la instancia del Código Contravencional. Mencionó que parte del problema es que muchas veces los padres no acuden a las convocatorias del sistema escolar o le restan importancia a la situación, por lo que la incorporación como contravención les dará obligatoriedad en el cumplimiento del compromiso. Los Andes