La trama de papeles truchos y falsos alquileres detrás de la lujosa casa usurpada en Cariló

Hoy al mediodía, el juez de garantías David Mancinelli, el mismo que interviene en la causa que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa, autorizó el pedido del fiscal Eduardo Lizarraga para el desalojo de una casa de veraneo de Viviana Villena, una empresaria bonaerense, ocupada clandestinamente en la zona de Cariló. El caso es desfachatado: la mujer encontró dos grupos de okupas distintos que invocaron un supuesto alquiler con papeles falsos, incluso instalaron aires acondicionados, pintaron el frente de rojo. Llegó a encontrar una camioneta Volkswagen Amarok estacionada en su puerta. “¿Qué okupa maneja una Amarok?”, se ríe un histórico propietario de la zona.

El caso en los tribunales del distinto de Dolores no está exento de controversia. El expediente le valió fuertes críticas al fiscal, acusaciones de supuesta inacción de parte de funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Pinamar, luego de sucesivos reclamos de la dueña, en una ocupación ilegal que comenzó en enero de este año.

Sin embargo, la historia no es tan lineal como parece. El falso contrato es el problema. Las casas de la Costa atlántica son ocupadas ilegalmente por dos motivos, explican fuentes judiciales: por intromisiones lisas y llanas o por quienes dicen ocuparlas legalmente, mintiendo o quizás engañados en su buena fe por un tercero con, por ejemplo, un falso alquiler.

El Código Penal establece la usurpación en su artículo 181: para que el delito exista, al menos en los términos de la Justicia, debe existir “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”. En otro caso, si estos factores no se prueban, la disputa le corresponde a un tribunal civil, se convierte en una cuestión de cesión de derechos de posesión.

El 5 de enero, Villena formalizó la denuncia por el delito de usurpación, tras llegar a su casa y encontrarse con un desconocido. Presentó su escritura para demostrar que era la propietaria, a través de una empresa constructora con domicilio en San Miguel de la cual es la presidenta, según el Boletín Oficial. Así, la Policía Bonaerense fue a la casa. Se encontraron con un jubilado marplatense de 75 años, viudo: el hombre, dedicado en los papeles a la cría de animales, que recibe ayuda del ANSES para poder acceder a una garrafa de gas, presentó su supuesto contrato de alquiler celebrado con, supuestamente, la empresa dueña de la casa. El nombre coincidía.

No había una evidencia de violencia, no inmediata, no de una usurpación de acuerdo al artículo 181 del Código Penal, de acuerdo a documentos de la causa. Así, Elizarraga entendió que podría tratarse de una cuestión civil.