Crece la polémica por el reparto de medicamentos del Diputado Javier Galán

El acopio y la distribución de medicamentos realizados por el diputado provincial Javier Galán quedaron en el centro de la controversia luego de que referentes del Colegio de Farmacéuticos cuestionaran la práctica y advirtieran sobre las implicancias sanitarias y legales que podría tener.

El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos señaló que la entrega de medicamentos por fuera de los canales habilitados no es un hecho menor y remarcó que la normativa vigente establece controles estrictos sobre la trazabilidad, el almacenamiento y la dispensación de estos productos.

Según se planteó en el programa, el legislador habría realizado acopio de distintos medicamentos para luego distribuirlos entre vecinos, una metodología que fue severamente cuestionada por profesionales del sector.

"Los medicamentos tienen una distribución específica y una regulación determinada", indicaron desde el ámbito farmacéutico, al advertir que cualquier entrega por fuera del circuito legal puede representar riesgos para la salud pública, especialmente cuando no existen garantías sobre la conservación, el origen y las condiciones en las que fueron almacenados.

La situación también abre un fuerte debate político. Mientras Galán intenta mostrar la entrega de medicamentos como una acción solidaria, las críticas apuntan a que ningún funcionario puede colocarse por encima de las normas sanitarias ni utilizar necesidades tan sensibles como el acceso a los remedios para construir capital político.

Desde distintos sectores se preguntan además de dónde provienen los medicamentos distribuidos, bajo qué mecanismos fueron obtenidos y quién controla que cumplan con las condiciones exigidas por la legislación.

La polémica vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la asistencia social no puede convertirse en un atajo para eludir las normas que regulan la salud pública. Si existieron irregularidades, corresponde que las autoridades competentes investiguen y determinen responsabilidades.

Las declaraciones del Colegio de Farmacéuticos dejaron una advertencia contundente: el manejo y la distribución de medicamentos no es una actividad librada a la voluntad de un dirigente político, sino una práctica estrictamente regulada para proteger la salud de la población.