Ratificaron el decomiso de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Vialidad y dejó firme el avance de la ejecución patrimonial sobre bienes destinados a cubrir el decomiso ordenado en el expediente por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

Firmeza en la ejecución patrimonial y el decomiso

La decisión fue tomada de forma mayoritaria por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, donde convalidaron el criterio adoptado previamente por el Tribunal Oral Federal Nº 2.

El decomiso asciende a 684.990 millones de pesos y alcanza 111 inmuebles. Lo anterior forma parte de la etapa de ejecución económica de la condena dictada en el expediente, donde Cristina Kirchner recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Semanas atrás, la expresidenta intentó frenar la ejecución patrimonial sobre bienes propios y de sus hijos, con el objetivo de llegar a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario y, eventualmente, una queja directa ante el máximo tribunal.

Argumentos de la Justicia y rechazo a las apelaciones

En el voto que encabezó el acuerdo, el camarista Hornos sostuvo que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y defendió el decomiso como mecanismo para impedir que los hechos de corrupción generen beneficios económicos permanentes. Según el magistrado, el caso produjo “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

La mayoría del tribunal entendió que los planteos de las defensas no demostraron la existencia de una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema y consideró que las impugnaciones se limitaron a expresar desacuerdos con decisiones ya revisadas por instancias anteriores.

Barroetaveña coincidió con el criterio de su colega y sostuvo que los recursos no acreditaron arbitrariedad ni una violación concreta de garantías constitucionales. “Las partes se han limitado a expresar su discrepancia con lo decidido”, señaló.

Alcance de los bienes y la postura disidente

Las defensas habían cuestionado especialmente la inclusión de bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, quienes intervienen en el expediente como terceros interesados. Entre los inmuebles alcanzados aparecen departamentos en Río Gallegos y lotes vinculados al complejo Hotel Los Sauces.

También se discutió el decomiso de propiedades relacionadas con empresas atribuidas a Lázaro Báez, entre ellas Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó parcialmente en disidencia y consideró que algunos de esos planteos merecían revisión. Según sostuvo, ciertos bienes habrían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha que el propio tribunal oral había fijado como punto de partida para analizar el patrimonio susceptible de decomiso.

Para Borinsky, la sentencia no respondió adecuadamente a ese argumento y podría haberse afectado el principio de legalidad y el derecho de propiedad al incluir activos incorporados antes del período investigado.

La decisión de Casación deja las puertas abiertas para que Cristina y sus hijos busquen frenar el decomiso a través un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. MDZ