Una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento

La Corte de Justicia de San Juan dejó firme la condena contra la odontóloga María Romina Pellice: deberá cumplir un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión por extraerle doce dientes a un nene de cinco años sin el consentimiento de sus padres.

El fallo deja firme la sentencia dictada en marzo de 2025 por una grave mala praxis.

Caso y antecedentes

El expediente comenzó en 2017 y la causa por lesiones culposas se extendió durante años. El chico, que hoy tiene 14 años, fue sometido a múltiples extracciones sin autorización familiar, lo que motivó la denuncia. La querella estuvo a cargo de María Fernanda Lara y el patrocinio del abogado Roberto Martín Lucero Mercado.

El 19 de marzo de 2025 la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para ejercer la profesión. Aquella fue la segunda resolución en el expediente, después de que la Corte hubiera anulado una sentencia anterior tras un recurso de la defensa.

Sin embargo, la Sala Segunda del máximo tribunal rechazó esta semana un nuevo recurso de casación presentado por la defensa y ratificó la condena. Además, la Corte ordenó que se cumplieran las formalidades procesales y dejó constancia de las reservas de las partes en el expediente. El expediente incluye además a María Gabriela Puigdegolas.

La querella está a cargo de la familia Lucero Lara; el patrocinio lo ejerce el letrado Roberto Martín Lucero Mercado en representación de Juan Bautista Lucero Lara. La resolución fue firmada por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima y notificada el 21 de abril de 2026.

Fallo firme y consecuencias

Con la notificación, la condena quedó firme en la jurisdicción provincial y pone punto final a un proceso judicial que se prolongó por años. El caso tuvo fuerte repercusión por la gravedad de los hechos: la extracción de doce piezas a un menor sin autorización familiar generó conmoción social y debate sobre controles profesionales.

La resolución rechazó los planteos de la defensa y confirmó las sanciones impuestas por la jueza Parra: un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la odontología. 

El fallo cierra la causa a nivel provincial y abre interrogantes sobre la supervisión y responsabilidad profesional en la práctica dental. La100