Triple crimen: ordenaron la prisión preventiva para ocho de los imputados

La Justicia de Garantías de La Matanza tomó una decisión clave en el caso por el triple crimen de Florencio Varela en el que murieron Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Este miércoles, el juez Fernando Pinos Guevara dictó la prisión preventiva para los ocho acusados y resolvió que el expediente pase al fuero federal “atento a la gravedad del caso”.

Según un fallo de 160 páginas al que accedió Clarín, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal de Homicidios Adrián Arribas, quien había solicitado que la investigación cambiara de fuero por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

De este modo, el caso quedará ahora bajo la órbita del Juzgado Federal de turno en Morón, que deberá aceptar la competencia en los próximos días.

Los detenidos que continuarán bajo prisión preventiva son Víctor Sotacuro Lázaro, Matías Agustín Ozorio, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Iván Jeremías Giménez, Milagros Florencia Ibáñez, Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra.

Los hombres fueron procesados como coautores de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

A las tres mujeres (González Guerrero, Ibarra e Ibáñez) se les atribuyen los mismos delitos, excepto el femicidio.

En su resolución, Pinos Guevara destacó “la necesidad de seguir escalando en torno a desentrañar todos los eslabones de la cadena criminal que caracteriza al narcotráfico”, subrayando que es esencial hacerlo “para erradicar el mal que azota a nuestro país como a muchos otros de la región”.

El juez también apuntó que “ésta organización, como habitualmente sucede, se vale de múltiples sujetos, se organiza jerárquicamente en roles y cadenas de comando, y de aquellas organizaciones el eslabón más visible, por ser el más expuesto, siempre es último”.

Por su parte, el fiscal Arribas fundamentó su pedido señalando que “la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la Ley N° 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multi-territoriales”.