Tras el caso del gendarme: Cancillería denunció la detención de un empleado de la Embajada argentina en Venezuela

El suboficial Agustín Nahuel Gallo, oriundo de Catamarca, viajó a Caracas la semana pasada con la intención de reunirse con su pareja y su hijo, quienes se encontraban instalados en Venezuela desde hace algunos meses.

Según su hermana, Gallo viajó desde Luján de Cuyo, Mendoza (donde está su domicilio) hacia Venezuela el sábado 7 de diciembre y habría llegado al país al día siguiente, para pasar diciembre con su familia, y luego retornar a Argentina para tomar servicio. No obstante, al llegar fue detenido por las autoridades de migraciones en la frontera entre Venezuela y Colombia, debido a la sospecha de que sea un espía enviado por Argentina.

Si bien el hecho se conoció recién este viernes, los familiares aseguran que la detención arbitraria ocurrió el lunes pasado. El gendarme estuvo detenido en el mismo lugar hasta el lunes, donde pudo comunicarle a su pareja que lo iban a trasladar, pero el destino es una incógnita tanto para su familia como para el gobierno argentino que exigió la liberación de Gallo. “Exigimos la inmediata liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin”, aseguró Patricia Bullrich en sus redes.

El comunicado de Cancillería Argentina

La Cancillería Argentina condenó con firmeza la detención de un empleado de la Embajada en Caracas, calificándola como “arbitraria e injustificada".

La situación escaló en las últimas horas luego de que la OEA denunciara que un francotirador chavista se encontraba rodeando la Embajada argentina en Caracas y que la cartera de Seguridad informara que un gendarme fue secuestrado el último viernes cuando ingresó a Venezuela para visitar a su familia.

“Esta detención no es un hecho aislado, sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina”, aseguraron desde el Gobierno.

“A ello se suma la presencia de francotiradores apostados frente a la sede y la ocupación ilegal de las viviendas vecinas, configurando un cerco de facto con el claro objetivo de ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación diplomática”, sigue el documento.

La Cancillería de Milei fue tajante, exigió al gobierno bolivariano de Venezuela la liberación inmediata del empleado local y volvió a reclamarle a Maduro “la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas en la sede diplomática”.

La denuncia de Cancillería ocurrió horas después de que se conociera la detención de un gendarme argentino cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia.