Catamarca
El Poder Legislativo emplazó a la comuna para que restablezca los fondos recortados despóticamente.
El Concejo Deliberante y la Municipalidad de Fiambalá, abrieron otro capítulo de una crisis institucional sin precedente por estas tierras, donde en otras épocas la armonía reinaba entre los dos poderes o el rol de la oposición no tomaba el protagonismo de ahora, además es primera vez en la vida democrática de esta comuna que el poder ejecutivo y legislativo no son del mismo signo político.
La inmadurez e intolerancia política anuló el dialogo que en estos casos puede ser una gran opción que lamentablemente no existe. Desde la oposición, mayoría en el Concejo Deliberante, sostienen que siempre buscaron en dialogo con el ejecutivo, por su parte desde el municipio el ninguneo y la descalificación hacia los ediles es una práctica constante.
Está más que claro que el oficialismo no digirieren la pérdida de control del Concejo Deliberante y no aceptan la voluntad popular, un claro ejemplo son las más de una decena de pedidos de informe que nunca se respondieron y varias ordenanzas que el ejecutivo no las cumplen.
La indisimulable grieta política se profundizó cuando desde el municipio se recortaron los fondos de mantenimiento y funcionamiento del Concejo Deliberante en un 85%, y ahora los ediles amenazan con accionar judicialmente.
En la última sesión los concejales por simple mayoría aprobaron un proyecto de resolución en el que le solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal regularice la remisión de los fondos correspondientes al Concejo Deliberante para cumplir con la ejecución del Presupuesto aprobado por Ordenanza CD N°659/2019, actualmente en vigencia.
La Lic. Roxana Carrizo, Presidenta del Concejo Deliberante manifestó que hace más de 60 días que le recortaron los fondos “La Intendente nos recortó los fondos que nos corresponde para mantenimiento y funcionamiento del concejo, hasta el mes de julio recibíamos normalmente y de pronto y sin justificativo alguno nos redujeron el 85%, le hemos reclamado a través de una nota y no tuvimos repuesta, ahora lo hicimos por ordenanza, es una cuestión política la decisión que tomó Paulón y es inconstitucional, esperamos que nos reintegre o tomaremos otros caminos en los reclamos” señaló.
En la ordenanza el concejo Deliberante le dio un plazo de 72hs. para que cumpla con lo requerido.
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