En la víspera de una nueva marcha de jubilados, las palabras del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, han encendido la mecha de la controversia: "Serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse".

Una advertencia que resuena como un ultimátum, planteando un interrogante crucial: ¿es esta una mera declaración de orden o una provocación calculada?

La postura oficial, lejos de ser una simple advertencia, revela la determinación de un gobierno dispuesto a imponer su visión de control a cualquier precio.

Un escenario que reabre un debate latente: ¿es posible garantizar el orden sin caer en el abismo de la confrontación?

Un enfoque binario que erosiona la democracia

Cuando desde el poder se instala la lógica de “buenos” y “malos” —uniformados versus encapuchados— no solo se simplifica una realidad compleja. Se alimenta una espiral peligrosa. La protesta social es, por esencia, un derecho democrático.

Su criminalización no solo divide, sino que construye un escenario de choque constante.

La experiencia nos demuestra que este tipo de discursos polarizantes debilitan los lazos sociales. Colocan a las fuerzas de seguridad en un rol de muro de contención ya la ciudadanía movilizada en el lugar de enemigo interno.

Inteligencia criminal y prevención, no represión

Desde la criminología, sabemos que la clave está en la prevención. La inteligencia criminal es fundamental para detectar y aislar a quienes buscan desatar la violencia antes de que el caos estalle.

Este es el camino para evitar que las manifestacioones legítimas terminen empañadas por hechos de vandalismo o violencia.

Este enfoque también protege a los vecinos, comerciantes y al patrimonio público, que suelen convertirse en daños colaterales de esta escalada de confrontación.

Sin embargo, pareciera que al gobierno le resulta funcional que estas imágenes de desorden se repitan, justificando así posturas más duras y represivas.

La necesidad de investigar todos los excesos

En la encrucijada de la protesta, la justicia debe ser implacable. Los actos vandálicos y la agresión a las fuerzas del orden no pueden quedar impunes. 

Paralelamente, la sombra de los excesos policiales exige una investigaciónexhaustiva y transparente. La democracia se cimienta en el equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad ciudadana.

Un Estado de derecho genuino no tolera la impunidad, ni de los violentos ni de aquellos que abusan de su poder.

Un país al borde del desgaste social

Las posturas rígidas, que privilegian la fuerza sobre el diálogo, generan más resistencia y más violencia. Nunca sumisión.

La historia argentina ha demostrado que el camino de la represión solo nos conduce a un clima de lucha constante, de desgaste, de polarización extrema.

Hoy, como sociedad, estamos agotados de la confrontación permanente. Insistir en la represión sin buscar consensos ni canales de mediación solo profundiza la grieta y amenaza la paz social.

Es momento de preguntarnos: ¿queremos una democracia que construya puentes o una que alimente trincheras?

Eduardo Muñoz

Criminólogo | Divulgador en Medios

-Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.

Contacto: emunozcriminologo@gmail.com

Redes: @educriminologo (Intagram)

Linkedin: linkedin.com/in/eduardo-muñoz-criminologo