Despidos y medidas que afectan a niños en situación de vulnerabilidad

El recorte del Estado avanza de la mano de la gestión de Javier Milei que sigue con su plan de ajuste en la búsqueda de mantener el equilibrio fiscal. Con esta premisa como norte, se publicaron en el Boletín Oficial diversas resoluciones emitidas por el Ministerio de Capital Humano que eliminan 11 programas dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Dentro de la batería de normativa que lleva la firma de la ministra Sandra Pettovello, la Resolución 126/2025 dispone que el personal afectado a estas iniciativas quedará “a disponibilidad” por un término de 12 meses en el marco de lo establecido por "el artículo 11 del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164". 

“Limítese todas las comisiones de servicios, adscripciones o asignaciones transitorias de funciones oportunamente dispuestas en relación al personal”, agrega el Ejecutivo en el segundo artículo de la disposición. La decisión oficial afecta a 500 trabajadores aproximadamente. 

Entre los considerandos de la resolución, la gestión libertaria explica la situación en la quedarán los trabajadores estatales afectados. “Aquellos agentes que se encontraran en situación de disponibilidad deberán: (i) recibir la capacitación que se les imparta; o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado”.

Además explican que en caso de que el dependiente en esta circunstancia no consiga un nuevo puesto laboral “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública Nacional, con derecho a percibir una indemnización conforme lo dispuesto por dicha norma y el Convenio Colectivo de Trabajo”.

El Gobierno justificó su decisión asegurando que se “detectaron una pluralidad de entidades, áreas, programas y unidades técnicas cuyas funciones han sido repetidas y superpuestas tornando difusa las responsabilidades y acciones de los organismos que las componen, generando un dispendio jurisdiccional innecesario en la utilización y racionalización de los recursos públicos".

Algunos programas disueltos

Participar en Comunidad: esta iniciativa buscaba "promover con la participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad” para dar respuesta de manera integral a las necesidades que surgieran en los territorios, principalmente aquellos en situación de vulnerabilidad. Impulsaba la generación de políticas sociales que se desarrollaban por medio de los Centros Integradores Comunitarios.

Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos: el proyecto se pensó para fortalecer a los niños y niñas como “sujeto de derechos y ciudadano”. Implementa la promoción y divulgación de normativa emitida con la finalidad de “garantizar su desarrollo pleno, integración familiar y comunitaria, priorizando su centro de vida".

Programas Espacio Unzué, Espacio Sarmiento, Espacio Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti: Estas planificaciones tenían el objetivo de incentivar "la convivencia familiar; fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas”.

Centros de Referencias: Se trataba de espacios que funcionaban como delegaciones del Ministerio en los municipios y las provincias. En estas terminales se ofrecía asesoramiento a los usuarios para facilitar el acceso a distintos programas y servicios. Además, se organizaban talleres gratuitos de capacitación e impulsaban estrategias de desarrollo local junto a organizaciones sociales.

Jugando Construimos Ciudadanía y Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR): propiciaba “la producción de conocimiento en la temática del juego en la franja etaria comprendida entre los 0 a 17 años, garantizando de esta manera el derecho al juego de niños, niñas y adolescentes en todo el país".

Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad: la iniciativa de brindaba contención a menores de edad cuyas madres se encuentren en prisión o bajo arresto domiciliario.