Cristina Kirchner insiste en que le retiren la tobillera

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner insistió contra las condiciones de su detención domiciliaria. Este martes insistió ante la Cámara Federal de Casación con un pedido que ya había presentado antes: que le retiren la tobillera electrónica y que levanten los límites impuestos sobre las visitas que puede recibir y el tiempo que puede pasar en la terraza del edificio de San José 1111, donde cumple su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que desde el 17 de junio de 2025, cuando comenzó su arresto domiciliario, la expresidenta "dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas". La defensa remarcó que "jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado" y que "ninguna persona" la visitó "sin contar con una autorización judicial previa".

Fiscalía vs. defensa por la tobillera de Cristina Kirchner

El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya dictaminó que los recursos deben ser rechazados y sostuvo que las decisiones del Tribunal Oral Federal 2 sobre el uso de la tobillera y las modalidades de la prisión domiciliaria deben mantenerse vigentes. La sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, está en condiciones de resolver. Hornos y Barroetaveña ya rechazaron por mayoría otros planteos similares vinculados a las condiciones de detención de Cristina Kirchner, entre ellos precisamente el reclamo por la tobillera.

Sobre la tobillera, la defensa de Cristina sostuvo que "carece de todo fundamento fáctico y jurídico" considerando que la exmandataria tiene custodia policial en la puerta de su domicilio las 24 horas, que incluso se incrementó tras las nuevas restricciones. "A esta altura el uso de una tobillera electrónica por parte de nuestra representada carece de todo fundamento", argumentaron los abogados, remarcando que esto "torna lisa y llanamente imposible cualquier eventual intento de fuga".

Los escritos cruzados por la causa Vialidad

El escrito presentado rescata un argumento previo del camarista Borinsky, quien el 11 de julio pasado votó en minoría a favor de retirar el dispositivo electrónico. En esa oportunidad, el magistrado consideró que no correspondía la tobillera por "tratarse de una persona de público conocimiento (cualquier salida seguramente sería inmediatamente detectada y probablemente mediatizada), que estuvo a derecho y que posee custodia policial las veinticuatro horas". La Corte Suprema desestimó después un recurso sobre este tema por razones formales, aunque para la defensa el tribunal "no trató ninguno de los agravios" y "no ingresó a la cuestión de fondo".

Por otra parte, los abogados reclamaron que se dejen sin efecto todos los límites, es decir, que Cristina Kirchner no tenga que pedir más permiso cuando quiera recibir gente que no esté incluida en un listado de allegados. Si eso no prospera, al menos pidieron que se revoquen las nuevas restricciones que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 sobre cantidad de visitantes simultáneos y frecuencia de los encuentros.

Las limitaciones surgieron después de un escándalo público el año pasado. El 17 de noviembre, una imagen circuló en redes sociales mostrando a la ex presidenta reunida con nueve economistas en su domicilio. Dos días después, el juez de ejecución Jorge Gorini resolvió que solo podría recibir visitas dos días a la semana, por dos horas diarias y sin superar tres personas en cada encuentro. El 17 de diciembre se mantuvo ese régimen y se limitó la nómina de personas autorizadas a visitarla sin permiso previo.

La palabras de la defensa de CFK

La defensa cuestionó que en el régimen de visitas original "no se contemplaban ni limitaciones diarias ni de horario alguno" y remarcó que no hubo conductas que pudieran alterar la tranquilidad del barrio o la convivencia con los vecinos, según los informes de control encargados por el Tribunal. "No se conocen antecedentes en los cuales se hayan impuesto restricciones similares a otras personas que cumplen su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria", agregó el escrito.

El tercer frente de la disputa es la terraza. En la misma resolución de diciembre se fijó un límite de dos horas diarias para paseos al aire libre en la terraza del edificio. La defensa calificó esta medida como un "castigo adicional y arbitrario" y cuestionó su legalidad. "No se ha invocado, pues no existe, ninguna norma que faculte a los jueces a disponer en qué días y en qué horarios una persona que cumple pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria puede acceder al patio, al balcón o a la terraza de su domicilio", argumentaron.

Para Beraldi y Llernovoy, la restricción "carece de todo sustento normativo y, por ende, resulta lesiva del principio de legalidad sustantiva y del principio de reserva". Agregaron que "no se conocen antecedentes" de restricciones similares para otras personas bajo arresto domiciliario.