Con mangueras conectadas desde Salta a Bolivia contrabandeaban toneladas de aceite

Una audaz operación de contrabando que involucraba el traslado ilegal de aceite de soja desde Salta hacia Bolivia fue desarticulada por las autoridades. La investigación, liderada por el fiscal general Eduardo Villalba, reveló que la organización criminal utilizaba un sistema de mangueras conectadas entre la localidad de Salvador Mazza y la ciudad boliviana de Pocitos para evadir los controles aduaneros y exportar el producto de manera clandestina. Se estima que la banda operaba desde 2022 y logró sacar del país más de 30 toneladas de producto, generando ganancias ilícitas millonarias.

El modus operandi de la organización era complejo y bien planificado. Adquirían aceite de soja en plantas aceiteras de Santa Fe a nombre de una empresa de papel, luego lo transportaban en camiones cisterna hasta Salvador Mazza, donde lo descargaban en un inmueble utilizado como centro de operaciones. Desde allí, el producto oleoso era transferido a camiones más pequeños y llevado hasta un predio en la frontera, donde se conectaban largas mangueras que cruzaban la línea divisoria hacia Bolivia. Este método permitía evitar los controles aduaneros y completar la exportación clandestina.

Este mega operativo se llevó a cabo el pasado viernes, cuando los agentes de la Gendarmería Nacional sorprendieron a dos de los acusados en plena ejecución. Uno de ellos conducía un camión con más de 30.000 litros de aceite, mientras que el otro coordinaba el traspaso hacia el lado boliviano. En paralelo, otro de los implicados fue detenido en su domicilio en Salvador Mazza, complicando aún más la situación de la organización.

El momento de mayor tensión se vivió durante el allanamiento a la vivienda del presunto líder, identificado como F.S.G., quien abrió fuego contra un comandante de Gendarmería, hiriéndolo en un brazo. El tirador fue reducido rápidamente por el resto del personal desplegado.

Evadieron cifras milonarias

Además del líder de la banda, otros tres individuos fueron imputados como coautores del delito de contrabando agravado. La fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier destacaron la magnitud económica del caso, estimando que el delito ejecutado por la organización entre 2022 y 2024 generó ingresos ilegales por al menos 2.400.000 dólares, ocasionando un perjuicio fiscal de aproximadamente 720.000 dólares en concepto de derechos de exportación para el Estado argentino.

La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones y allanamientos.