Beneficiarias de planes sociales denunciaron que sus punteros políticos las obligaban a marchar embarazadas bajo la amenaza de quitarles el plan. En algunos casos, relataron que podían faltar solo si entregaban la mitad del monto cobrado -en la actualidad es de $78.000- para que se lo otorguen a un “piquetero suplente”.

TN accedió a las denuncias que el Gobierno recibió en la línea 134. Las carpetas con los testimonios sobre las irregularidades en el manejo del Potenciar Trabajo fueron presentadas ante el Juzgado Federal N°8.

TN habló con tres de las denunciantes que pidieron mantener en reserva su identidad por miedo a las agresiones de sus dirigentes.

Una exbeneficiaria que trabajaba en un merendero del grupo MTR Histórico en la provincia de Buenos Aires denunció a sus dos referentes por obligarla a marchar con 9 meses de embarazo y por darle de baja el plan tras no movilizarse con el bebé recién nacido.

“Me obligaron a marchar embarazada hasta los 9 meses. Marché hasta días antes de parir. Me hacían ir igual con calor y con lluvia. Cuando tuve a mi bebé, dejé de ir porque no lo quise exponer y me sacaron el plan. Hice la denuncia en Desarrollo Social y no tuve respuesta”, le expresó a TN.

“Cuando planteé que no iba a marchar, propuse quedarme trabajando en otro lugar administrado por los mismos dirigentes y se negaron. No podía movilizarme porque estaba en los primeros meses de lactancia y porque nunca fue una opción exponer a mi bebé a las balas y al gas pimienta”, agregó.

Acusó también a los punteros de cobrarle aportes mensuales de $2000 los 5 de cada mes -cuando se cobra el Potenciar Trabajo- y de pedirle más plata cuando recibían un bono del Estado. “Estábamos obligados a comprar rifas para costear los bombos para las marchas”, amplió.

Además, la denunciante apuntó contra los dirigentes por quedarse con parte de la mercadería destinada a la gente y denunció que una de las referentas se construyó su casa con materiales del Estado. “Los pagos tenían que ser siempre en efectivo para que no quedaran pruebas”, detalló.

En otro caso, una beneficiaria denunció a referentes de la OCR de zona oeste de la provincia de Buenos Aires por obligarla a marchar hasta los cinco meses de embarazo bajo la amenaza de que le quitaran el plan. Además, los acusó de pedirle $35.000 por mes para un suplente en caso de no movilizarse.

“Marché hasta los 5 meses de gestación porque me decían que me iban a sacar del Potenciar Trabajo. Cuando propuse dejar de hacerlo, no me bajaron el plan, pero decidieron sacarme el 50% de lo que cobro”, le expresó la denunciante a TN.

Agregó que no tiene con quién dejar a su bebé y que hace un año no la llaman para retirar mercadería. “Cuando les pregunté, me dijeron que no les daban ni para el comedor. Te pido que no salga mi nombre, ya que mis referentes son vecinos y son agresivos”, agregó.

Otra denunciante apuntó contra una referente de la William Cooke de la provincia de Buenos Aires: la echaron del comedor por no marchar con su hijo y sufrió maltrato y violencia verbal.

En el chat presentado ante la Justicia al que accedió TN, la beneficiaria comenta que no puede asistir a la movilización porque no tiene con quién dejar a su hijo y la dirigente la expulsa del grupo.

“Fue la primera marcha que se hizo cuando asumió Milei. No tenía con quién dejar a mi hijo y me echaron. Al principio, nos habían dicho que no hacía falta marchar y después arrancó a exigirlo”, le expresó a TN.

Acusó a la referenta de retener la mercadería y de cobrar cuotas mensuales argumentando que eran aportes voluntarios y que “la Iglesia también los recibe”.

En un chat al que accedió TN, la dirigenta le pregunta a una de las beneficiarias: “¿Qué pasó que no juntas vos lo de todos los meses?”. Al responderle que desde el municipio le dijeron que es ilegal pedir aportes de los planes, esta responde: “Ah, estás con el municipio. Cada uno sabe a quién escucha”.

Otros beneficiarios de la misma organización se sumaron a denuncia. Uno de ellos le expresó a TN que la puntera obligaba a la mujer a marchar con el bebé y con otros chicos menores de nueve años. De lo contrario, exigía un pago de $10.000 como multa.