La relación entre el arzobispo y las monjas comenzó a deteriorarse a partir del apoyo de las religiosas a la devoción a la Virgen del Cerro, que desde hace más de dos décadas atrae multitudes en torno a su ermita, ubicada en las afueras de la ciudad de Salta, y de quien recibiría mensajes María Livia Galliano, una mujer que realiza imposición de manos durante los rezos grupales.

Según la decisión de la jueza Carolina Cáceres Moreno, Cargnello y Martín de Elizalde,  Loyola Pinto y Ajaya deberán realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia, debiendo presentar ante este juzgado constancia del mismo de manera mensual durante el plazo de seis meses.

Además los cuatro deberán someterse a capacitaciones en cuestiones de geénero y violencia de género. Todo esto será comunicado al Observatorio de la Violencia contra las mujeres de Salta para informar sobre el cumplimento de las acciones judiciales.

El fallo establece que se libre oficio al departamento de antencentes  personales de la Policía de Salta para que se realice el registro de las  actuaciones en  la  planilla prontuarial de  los  denunciados. 

Además de la debida notificación a las partes, estableció que también se notifique al papa Francisco, mediante su delegado pontificio Javier Belda Iniesta, en su carácter de garante del acuerdo celebrado entre el arzobispado y el convenio el 27 de agosto de 2022 para encauzar la relación, más allá de proceso judicial.

La decisión de la jueza también establece que los denunciados: monseñor Mario Cargnello, el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval y el sacerdote Lucio Ajaya sean quienes paguen las costas del juicio.