Triple crimen: los asesinos actuaron con “desprecio por la vida” y “sed de prolongar la agonía”
Al cumplirse un mes del hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), el fiscal que investiga el triple crimen, Adrián Arribas, solicitó la prisión preventiva para los ocho imputados detenidos en Argentina y declaró su incompetencia para que la causa pase a la Justicia federal al tratarse de un tema de narcotráfico.
El pedido fue presentado por el fiscal en un escrito de 277 páginas -al que tuvo acceso Clarín- ante el juez Fernando Horacio Pinos Guevara, a cargo del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza.
La solicitud recae sobre los acusados Víctor Sotacuro Lázaro (41), Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).
Mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano (20), más conocido como “Pequeño J”, sigue detenido en Perú, donde lo capturaron luego de escapar de Argentina con un pedido de detención en su contra. El joven narco ya está cumpliendo la prisión preventiva en el penal Cantera de Cañete a la espera del juicio de extradición.
Todos los hombres están imputados como coautores de los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.
A las mujeres -González Guerrero, Ibarra e Ibáñez-, el fiscal les imputó los mismos delitos menos el femicidio de las tres chicas. Y para Parra e Ibarra, dispuso, además, una calificación secundaria por encubrimiento agravado.
Los 9 detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.
En el mismo requerimiento, el fiscal Arribas expresó la incompetencia de la Justicia ordinaria y solicitó el pase del expediente al fuero federal, más precisamente a la fiscalía federal de Morón.
En sus argumentos, el fiscal Arribas señaló que “la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la Ley N° 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multi-territoriales".
"Desprecio por la vida"
El fiscal Arribas describió en el requerimiento de pedido de prisión preventiva el “alto grado de agresividad” que tuvieron los imputados en su plan para matar a Lara, Morena y Brenda.
“Debe destacarse que las tres jóvenes presentaban distintos tipos de lesiones, perpetradas con diversos mecanismos violentos, los cuales denotan por parte de los coautores no sólo un claro desprecio por la vida; sino también una evidente intención de que las mismas sufran un padecimiento extraordinario e innecesario, habiendo previamente seleccionado los instrumentos letales a tales fines”, manifestó.
Los imputados “también lograrían ver saciada su sed de prolongar la agonía de las jóvenes, conllevando a su ultraje, sometimiento e impotencia”, indicó el representante del Ministerio Público.
“En el triste acontecimiento salvaje, inhumano, cruel, violento, desalmado, brutal y despiadado (recordemos y pensemos en tres personas que tenían toda una vida y una plena juventud por el delante), los imputados solo tuvieron en miras su aniquilamiento, generando el clima de hacerlas sentir ‘la venida de la muerte’ como el acto es moroso por excelencia, en donde los agresores fueron provocando lesiones que eviten que la muerte se produzca inmediatamente”, describió.
Víctor Sotacuro Lázaro (41), a quien señalan como uno de los principales sospechosos.
Arribas fue categórico en su descripción de los crímenes, a los que señaló como “un acometimiento furioso y salvaje”, y, en ese sentido, resaltó: “Los imputados quisieron aniquilar a las víctimas. Estar seguros de su muerte."
Luego hizo alusión a la vulnerabilidad de las tres chicas, quienes se dedicaban a la prostitución, según las declaraciones de sus propias familias. Para Arribas, los imputados trataron como “su objeto” a las víctimas, “lo que constituye un verdadero y notorio acto de cosificación, resultando de vital importancia al análisis de la valoración probatoria desde perspectiva de género”.
“Solo una acción penal con enfoque de género y debida diligencia reforzada permitirá avanzar en la erradicación de las condiciones que perpetúan la prostitución como forma de violencia y subordinación contra las mujeres, e intentar articular mecanismos de reinserción para que no vuelva a haber en la sociedad otras ‘Morena, Lara y Brenda’”, sostuvo al señalar la razón por la que pidió que sea tenido en cuenta el agravante de femicidio.
Pase al fuero federal
El fiscal Arribas solicitó que la causa continúe en el fuero federal al ser la hipótesis del caso una venganza vinculada al narcotráfico, destacando los roles de cada uno de los imputados en una organización trasnacional.
Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias "Pequeño J", detenido en Lima, Perú.
“De tal forma, y conforme emerge de las robustas actuaciones incorporadas a la presente investigación, permiten afirmar, en el caso concreto, un desarrollo conductual (’modus operandi´) motivado -medularmente- en la disputa de ’poder´ y recuperación violenta y coaccionante, de material estupefaciente que resultara sustraído a la descripta organización criminal; de allí que la conducta investigada revista, en la actualidad, una naturaleza de orden federal”, indicó.
La privación de libertad con el posterior asesinato de las tres chicas, sumado al que fue llevado adelante por una organización narco que actuaba en en distintos puntos del conurbano, la Ciudad y con “proyección internacional”, son para el fiscal Arribas tres puntos que “permiten sostener y enfatizar la pertinencia y oportunidad para la continuidad de la investigación a la luz del tamiz normativo estatuido en la Ley 23.737, activándose con contundencia la conexidad funcional y material que atrae la competencia al fuero federal”.
El caso
Lo último que supieron las familias de Lara, Brenda y Morena es que el viernes 19 de septiembre asistirían a una fiesta en la que les pagarían 300 dólares a cada una. Luego se supo que las pasaron a buscar en una camioneta Chevrolet Tracker blanca por La Matanza y que las llevaron hasta Florencio Varela.
El fiscal Adrián Arribas. Foto: Captura TN
El miércoles 24 los cuerpos de las tres chicas fueron hallados dentro de un pozo hecho en el patio de una casa situada en la calle Chañar 702, en Villa Vatteone, de Florencio Varela. Las autopsias indicaron que las víctimas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas. Clarín
