El tráfico aéreo ilegal de drogas dejó de ser una sospecha para convertirse en una de las principales preocupaciones de las autoridades y especialistas en narcotráfico del norte argentino. La utilización de avionetas para ingresar cocaína al país se consolida como una modalidad cada vez más frecuente en el NOA, mientras organizaciones criminales perfeccionan sus métodos operativos y aprovechan las limitaciones de los sistemas de detección existentes.
Durante las últimas semanas, la problemática volvió a quedar expuesta a partir de distintos procedimientos realizados en el país. En dos operativos desarrollados en la provincia de Santa Fe se incautaron más de 700 kilos de cocaína vinculados a organizaciones que utilizaban aeronaves para el traslado de estupefacientes. A esos casos se sumó el hallazgo de una avioneta siniestrada en el chaco salteño, aunque en esa oportunidad los investigadores llegaron cuando los responsables ya habían escapado con la carga.
Fuentes vinculadas a las investigaciones señalaron que los decomisos más importantes no fueron consecuencia de detecciones radarizadas, sino del seguimiento judicial de organizaciones criminales a partir de información de inteligencia previamente obtenida. En el caso de la aeronave encontrada en Salta, el hallazgo se produjo gracias al aviso de pobladores de la zona, una situación que, según especialistas, suele repetirse en numerosos episodios similares.
En el ámbito de la seguridad, estos vuelos clandestinos son catalogados como Tráfico Aéreo Irregular (TAI), una modalidad utilizada no sólo para transportar drogas, sino también pasajeros y productos químicos destinados a actividades agrícolas.
Datos expuestos durante reuniones del Consejo de Seguridad Interior revelan la magnitud del fenómeno. En lo que va del año se detectaron más de 190 vuelos irregulares en territorio argentino, un promedio cercano a un caso cada 36 horas. Sin embargo, apenas en cinco de esos episodios se logró comprobar el transporte de cocaína, mientras que el resto continúa bajo la categoría de operaciones sospechosas.
Aunque el uso de avionetas para el tráfico de estupefacientes no es una práctica nueva, especialistas coinciden en que la actividad experimentó un crecimiento durante los últimos meses.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación atribuyen este incremento al reforzamiento de los controles terrestres en la frontera entre Salta y Bolivia mediante la implementación del Plan Güemes, una estrategia orientada a dificultar el ingreso de droga por vía terrestre.
Sin embargo, investigadores y expertos en narcotráfico sostienen una interpretación más amplia. Según explican, organizaciones criminales con base operativa en Bolivia utilizan aeronaves livianas para introducir cocaína en distintos puntos del territorio argentino. Posteriormente, la droga es trasladada por rutas terrestres hacia los puertos ubicados principalmente sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, desde donde se envía a mercados internacionales de Europa, Asia, África y Oceanía.
En ese esquema logístico, provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco aparecen identificadas como puntos estratégicos para la recepción y distribución de cargamentos. Catamarca también habría ganado relevancia como corredor alternativo hacia el océano Pacífico.
Los especialistas destacan que las organizaciones narco han perfeccionado significativamente los recursos utilizados para sostener esta modalidad de transporte.
Una de las principales modificaciones detectadas es el reemplazo de las tradicionales aeronaves Cessna 206 por modelos Cessna 210 Centurion. Estas avionetas poseen mayor autonomía, pudiendo cubrir distancias de hasta 1.600 kilómetros.
Expertos consultados explican que una de las ventajas más importantes del Cessna 210 es su tren de aterrizaje retráctil, característica que reduce la resistencia aerodinámica y mejora el rendimiento de vuelo. Gracias a ello, las aeronaves pueden alcanzar mayores velocidades, ampliar sus rutas operativas y aterrizar en lugares que anteriormente resultaban más complejos.
Incluso señalaron que este tipo de avión puede operar en superficies reducidas de aproximadamente 400 metros, incluyendo caminos de ripio o terrenos acondicionados de manera precaria.
La capacidad de carga también representa un factor clave. Dependiendo del número de ocupantes y de la necesidad de transportar combustible adicional, estas aeronaves pueden movilizar hasta 400 kilos de cocaína por viaje.
Según las investigaciones recientes, muchas organizaciones utilizan un piloto acompañado por una segunda persona encargada de abastecer combustible mediante bidones transportados en la propia aeronave.
Cuando los vuelos tienen como destino zonas cercanas a puertos del litoral, como Santa Fe, Entre Ríos o el norte bonaerense, la capacidad ronda los 400 kilos. En cambio, si los puntos de aterrizaje se encuentran en el sur salteño, Tucumán o Santiago del Estero, las aeronaves pueden transportar hasta 150 kilos adicionales debido a que no requieren escalas para reabastecimiento.
No obstante, los investigadores aclaran que en esos casos las organizaciones deben desplegar una compleja logística terrestre para trasladar posteriormente la droga hacia los centros de exportación.
El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, aportó más detalles sobre la evolución de esta modalidad delictiva. Según explicó, las organizaciones ya no se limitan a arrojar cargamentos desde el aire, sino que cada vez con mayor frecuencia aterrizan directamente en campos, caminos rurales o rutas del interior del país.
Para el representante del Ministerio Público, esta estrategia implica mayores riesgos operativos, pero les permite optimizar tiempos y evitar controles una vez superada la frontera internacional.
Toranzos indicó que actualmente son frecuentes los procedimientos donde se detectan cargamentos de entre 300 y 400 kilos de cocaína transportados en avionetas que aterrizan en sectores alejados de centros urbanos. A su criterio, este esquema requiere mayores niveles de corrupción para garantizar el contacto seguro entre quienes pilotan las aeronaves y quienes reciben la droga en territorio argentino.
El fiscal también describió la estructura operativa utilizada por estas organizaciones. A partir de información obtenida en investigaciones judiciales y del análisis de dispositivos GPS secuestrados, se determinó que los grupos criminales suelen reclutar pilotos jóvenes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Las aeronaves empleadas, en muchos casos, son robadas o circulan con matrículas duplicadas. La droga es cargada principalmente en el sur peruano o en el norte boliviano y posteriormente trasladada hacia Argentina.
Según Toranzos, cuando los cargamentos son arrojados o descargados en zonas como Anta o Rosario de la Frontera, las aeronaves conservan suficiente autonomía para regresar sin necesidad de aterrizar nuevamente.
Desde esos puntos se despliegan diferentes rutas terrestres hacia Chaco y Corrientes con destino a Brasil o Paraguay, mientras que otros cargamentos avanzan hacia el sur utilizando caminos provinciales de Santiago del Estero, Tucumán y especialmente la Ruta Nacional 34, considerada uno de los corredores logísticos más importantes para el narcotráfico.
El crecimiento de los vuelos clandestinos y la sofisticación de las organizaciones criminales plantean un desafío cada vez mayor para las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales, en un contexto donde los especialistas advierten que el tráfico aéreo ilegal se consolida como una de las principales herramientas utilizadas para abastecer las redes internacionales de narcotráfico.
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