En medio de la quiebra del Aquarium de Mar del Plata, la venta de pingüinos volvió a escena como último intento de generar caja. No todos, pero sí los más valiosos: dos pingüinos rey y cuatro saltarines siguen en evaluación para una posible exportación, mientras el resto del plantel avanza hacia un esquema de donaciones.
El dato no es menor porque muestra el cambio de estrategia. La empresa había intentado vender todos los animales antes de quebrar, y llegó a negociar cifras cercanas al millón de dólares, pero ninguna operación se concretó. Hoy, sin fondos y contra reloj, la lógica es otra: donar lo que no se puede vender y sostener la venta sólo para los ejemplares de mayor valor.
El expediente reconstruye con bastante detalle ese intento fallido de comercialización total. Según la propia presentación de la empresa, hubo múltiples negociaciones durante 2025.
En junio, una firma mexicana llegó a ofertar u$s750.000 por la totalidad de los pingüinos, pero finalmente desistió. Meses después, en octubre, apareció la propuesta más alta: u$s950.000 desde China por los 62 ejemplares, con carta de intención, aceptación formal e incluso gestiones ante la embajada. Nunca se concretó el depósito.
En paralelo, también hubo conversaciones con Brasil: el Zoológico de San Pablo ofreció u$s250.000 por un lote parcial, primero por 30 animales y luego por 26, incluyendo magallánicos, saltarines y rey. Tampoco prosperó, en ese caso por problemas de financiamiento.
El intento continuó hasta el final. Entre diciembre y enero, la empresa trabajó con traders internacionales para colocar el plantel en mercados como Filipinas y Rusia, con una valuación de u$s540.000, pero las operaciones volvieron a caerse.
En ese contexto, el expediente también deja ver otro costado del caso. Entre la documentación incorporada figuran decenas de correos electrónicos enviados al juzgado por particulares que pidieron frenar la venta de los animales. En uno de esos mensajes, fechado el 3 de abril, una ciudadana solicitó "priorizar el traslado a santuarios o espacios naturales controlados" y "prohibir la venta o cesión a centros de explotación comercial", incluso planteando que algunos ejemplares podrían eventualmente reinsertarse en su hábitat.
Más allá de que esos planteos no inciden en la resolución judicial, reflejan el nivel de exposición pública y sensibilidad que tomó el expediente, muy lejos de una quiebra tradicional.
Pingüinos: los que se donan y los que todavía se venden
Con la quiebra ya en trámite en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, a cargo de Eduardo Malde, el destino de los animales quedó dividido.
Por un lado, 56 pingüinos magallánicos serían donados a la Fundación Bubalcó, en Río Negro. Es la salida más viable: menor valor relativo y mayor facilidad de relocalización dentro del país.
Por otro, queda el grupo que todavía se intenta monetizar: dos pingüinos rey (Aptenodytes patagonicus) y cuatro saltarines (Eudyptes chrysocome). Son los más caros dentro del plantel y, por sus características, no pueden ser ubicados en cualquier lugar, lo que limita las opciones locales.
La sindicatura fue explícita: "la venta internacional no ha sido descartada", aunque depende de permisos sanitarios, autorizaciones y condiciones externas. En ese punto aparece una novedad relevante: Argentina recuperó recientemente el estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena, una condición que había trabado exportaciones y que ahora podría reactivar el interés internacional por estos ejemplares.
Aun así, no es una venta simple. La normativa impide tratarlos como bienes comunes: sólo pueden ser transferidos a instituciones habilitadas, con controles estrictos y trazabilidad completa. Eso reduce el universo de compradores y alarga los tiempos en un expediente que juega contra reloj.
Lobos marinos: traslado inminente, con nombres propios y aval judicial
El caso más avanzado dentro de la quiebra es el de los mamíferos marinos. "Ciro", "Joaco", "Nazareno" y "Mía" —tres machos y una hembra de lobo marino de dos pelos— ya tienen destino: serán trasladados a Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, en el marco de una cesión acordada entre ambas instituciones.
La operación no es sólo una intención. Según consta en el expediente, el traslado ya tiene fecha prevista: el 4 de mayo, y cuenta con un esquema logístico definido. El operativo estará a cargo de personal especializado, se realizará en un camión específico y los animales serán transportados en jaulas individuales adaptadas bajo normas internacionales IATA.
En paralelo, la sindicatura pidió autorización para avanzar con la relocalización y el juez del Juzgado Comercial N°20, Eduardo Malde, habilitó un paso clave: la gestión de las guías de tránsito necesarias para concretar el traslado, sin que eso implique todavía una decisión final sobre la transferencia definitiva.
La urgencia no es menor. En su presentación, la propia sindicatura advierte que la subsistencia de los animales depende de un mantenimiento costoso que la quiebra no puede sostener en el tiempo, lo que convierte cada día en un factor de presión tanto económica como legal.
Así, mientras otras especies siguen en discusión, los lobos marinos aparecen como el primer capítulo concreto de salida: un traslado prácticamente encaminado dentro de un expediente donde, hasta ahora, casi nada había logrado cerrarse.
El trasfondo explica todo. Plunimar S.A., la empresa que operaba el Aquarium, pidió su propia quiebra tras quedarse sin ingresos luego del cierre del parque en marzo de 2025 y no poder cumplir con la devolución del predio.
Desde entonces, el esquema se sostiene con lo mínimo: alimentación, sanidad y mantenimiento de los animales, costos que, según la sindicatura, consumen la caja disponible y no pueden sostenerse en el tiempo.
El propio informe advierte que la demora no sólo impacta en los acreedores, sino que podría generar riesgos legales vinculados al cuidado de los animales, que son considerados en la jurisprudencia como sujetos de protección especial.
Aun así, los informes técnicos coinciden en que los ejemplares están en buen estado sanitario, lo que refuerza la urgencia de definir su destino antes de que el problema sea operativo.
El predio: plazo vencido, desalojo pendiente y presión por un negocio inmobiliario millonario
El conflicto no se limita a los animales. También hay un frente cada vez más tenso con el inmueble. El Aquarium debía devolver el predio completamente desocupado el 31 de marzo, pero ese plazo ya venció y la restitución nunca se concretó. La razón es concreta: los animales siguen dentro, lo que impide cumplir con esa obligación básica del proceso.
Las tierras, unas nueve hectáreas frente al mar, propiedad de la familia Peralta Ramos a través de Cabo de las Corrientes S.A, quedaron así atrapadas en una situación intermedia: legalmente deberían estar liberadas, pero en los hechos siguen ocupadas por la quiebra.
Ante ese escenario, la sindicatura propuso una salida transitoria para evitar un conflicto mayor: formalizar la devolución del predio y, en paralelo, firmar un contrato de comodato por hasta 90 días, que permita mantener una porción mínima operativa mientras se completa la relocalización de los animales. Es, en definitiva, un intento de ganar tiempo dentro de un expediente que ya corre contra reloj.
Pero hay un factor que eleva aún más la presión: el valor estratégico de esas tierras. Tras el cierre del parque, el predio quedó en la mira de grandes jugadores inmobiliarios. En el mercado se menciona el interés de desarrolladores que analizan proyectos con torres de alta gama y un centro comercial, con ofertas que rondarían los u$s20 millones.
En paralelo, también avanzaron gestiones de un reconocido empresario del sector supermercadista para evaluar un emprendimiento propio.
Ese interés concreto refuerza la urgencia: sin desalojo efectivo, no hay proyecto posible. Y hoy, ese paso depende exclusivamente de un factor que la quiebra todavía no logra resolver: el destino final de los animales. iProfesional
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